“No descarto la posibilidad de convocar a una consulta, a una reflexión colectiva sobre este tema de la legalización de algunas drogas, sobre todo lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica, no descarto eso”, así se pronunció el presidente de la República cuando se le cuestionó sobre la regulación de la cannabis en la mañanera del viernes pasado.

Por lo visto el presidente se ha perdido de, por lo menos, los últimos 7 años de discusiones sobre la materia en nuestro país. Si algo ha caracterizado el debate en torno a la cannabis ha sido precisamente la abundancia de foros, congresos, mesas de trabajo, ejercicios de parlamento abierto, audiencias, y todo tipo de espacios de discusión convocados por diferentes actores y sectores: academia, la sociedad civil, el propio Congreso de la Unión, cámaras locales y hasta la propia presidencia.

Por supuesto, este fenómeno no es reciente. Movimientos cannábicos llevan impulsando y discutiendo el tema en el país desde hace décadas. No obstante, la política de drogas adquirió mayor resonancia entre la opinión pública cuando el impacto de la “guerra contra el crimen organizado” en razón de las drogas, que comenzó el expresidente Calderón, alcanzó grandes dimensiones. A partir de entonces, el tema se volvió un asunto de importancia nacional y convocó a muchos sectores a reflexionar en torno al régimen vigente y sus costos.

A principios de 2012, por ejemplo, México Unido Contra la Delincuencia organizó el Foro “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”, el más grande hasta entonces, con representantes de sociedad civil, institutos de investigación, universidades y gobiernos de nueve países. El año siguiente, el Senado, la Cámara de Diputados y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal convocaron a un foro tricameral sobre la regulación del cannabis.