Por Geoff Ramsey

En lo que constituye un importante cambio promovido por la administración del presidente Obama, el gobierno federal de los Estados Unidos está en proceso de dejar de utilizar prisiones privadas, al haber concluido que éstas son menos seguras y no resultan efectivas en función de costos. ¿Qué significa esta medida para América Latina, donde en años recientes los gobiernos se han mostrado cada vez más interesados en la privatización de las cárceles?

El pasado 18 de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió un importante memorando en el que instruía al personal del gobierno federal a descontinuar gradualmente su dependencia de las prisiones privadas. El anuncio se basaba enun informe que comparaba 14 prisiones operadas por compañías privadas y 14 instalaciones carcelarias operadas por la Agencia Federal de Prisiones (BOP). Los hallazgos son impactantes. Los investigadores encontraron que las prisiones privadas presentaban significativamente más incidentes de violencia que sus contrapartes operadas por el gobierno. Según el informe, en las prisiones privadas se impusieron nueve veces más regímenes de cierre debidos a emergencias de seguridad, se produjeron aproximadamente 30 por ciento más incidentes de ataques entre presos, y hubo más de 50 por ciento de incidentes adicionales de agresión contra el personal carcelario. Las prisiones privadas también confiscaron mayores volúmenes de contrabando como drogas, armas y teléfonos celulares. El informe identificaba asimismo importantes obstáculos para supervisar la provisión de servicios de salud en las cárceles privadas, corroborando múltiples informes periodísticosrealizados en años recientes.

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Thumbnail: Flickr CC Matthias Muller