El pasado 25 de febrero, en el marco de una demanda de amparo que radica en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, 21 organizaciones de derechos humanos en América Latina presentaron un Amicus Curiae ante los ministros de la Corte.

En el texto, las organizaciones provenientes de más de 10 países de la región, argumentan que "la actual política contra el uso de la planta del cannabis, basada en la fiscalización y prohibición, constituye una restricción indebida al derecho a la vida privada, incluyendo los derechos a la identidad, a la autonomía y al desarrollo personal, y por consiguiente, que el uso del derecho penal para sancionar su uso deviene en violaciones a la libertad personal." Al texto se adhieren también cinco redes regionales e internacionales que suman más de 300 distintas organizaciones en la región.

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