Por Eduardo Vergara B. Director de Asuntos del Sur y Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas

No hay vuelta atrás. Tras miles de muertes, aumento en el consumo, gastos desmesurados y violaciones a los derechos humanos, la ola de consensos y reformas a las políticas de drogas en América Latina trae esperanza a una región donde los costos han sido ya demasiado altos. Por un lado, ex Presidentes de derecha, como César Gaviria y Vicente Fox, y de centro izquierda, como Ricardo Lagos y Fernando H. Cardoso, junto con organizaciones como el PNUD y la OEA, han llegado a consensos en que las políticas basadas primordialmente en la prohibición y la represión han generado más efectos negativos que positivos. Por otro lado, países como Colombia, Argentina y Uruguay han demostrado que, de menos a más, es posible iniciar procesos de reforma acordes a las realidades de cada país.

Chile tiene que tomar una decisión. Las más de 80 mil detenciones anuales que afectan en un 56% a jóvenes entre 18 y 29 años, que tienen como resultado que el 55% de las mujeres recluidas esté ahí por tráfico o tenencia de drogas y que se centren principalmente en los que menos tienen, hablan de una ley ineficiente y altamente discriminatoria. Sin ir mas lejos, el Capellán del Hogar de Cristo recientemente recalcó la importancia de despenalizar el consumo como forma de reparar. Por otro lado, las metas de reducción de consumo de drogas no se han logrado, llamando la atención especialmente los aumentos en jóvenes entre 12 y 18 años. En paralelo, el crimen organizado (y el no tanto) ha aumentado su disponibilidad de recursos, incluso demostrando inmunidad a millonarias inversiones en estrategias que han resultado cuestionadas, como el Plan Frontera Norte. Hoy, hay más detenciones, mayor consumo (especialmente desinformado) y la inversión de los recursos del Estado en esta materia no ha sido eficiente. Urgen cambios profundos en nuestra política de drogas.

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