Jorge Alberto Parra Norato

El pasado 31 de julio, la Cámara de Representes del Uruguay aprobó el polémico proyecto de legalización de la marihuana. De inmediato la ONU, mediante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE),  criticó la propuesta por ir en contravía del régimen internacional de control de drogas, en particular de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

La oposición de este organismo a las iniciativas de reforma a las políticas de drogas no es nueva. A comienzos de este año, la crítica de la JIFE fue a los estados de Oregon y Washington en EE. UU., en donde se legalizó la marihuana por decisión popular.

En el 2012, reprochó la legalización de los cultivos de coca y sus usos tradicionales en Bolivia. En el 2009, la constitucionalidad del consumo personal de drogas ilícitas en Argentina y, varios años atrás, en 1997, lo hizo contra los “coffee shops” holandeses, en donde es legal la venta de cannabis.

En todos estos casos el argumento de la JIFE ha sido el mismo: según la Junta, este tipo de reformas contradicen el derecho internacional al no respetar la letra y espíritu de las Convenciones de la ONU sobre estupefacientes. Se trata de una tesis que, además de ser ampliamente conservadora, es también jurídicamente cuestionable, políticamente sesgada y proviene de un organismo poco legítimo.

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