La Coalición Juvenil Paradigma subraya la importancia de implicar a los jóvenes en la elaboración de políticas progresistas en materia de drogas, cuyo núcleo sean los enfoques basados en pruebas, la inclusión y la reducción de daños.
Aunque el informe explora los vínculos entre la política de drogas y el medio ambiente, no aborda el papel de la prohibición en la destrucción medioambiental.
La ONUDD ofrece una visión general de los mercados de drogas y los retos relacionados con la salud, la degradación del medio ambiente y los conflictos.
Las repercusiones de la "guerra contra las drogas" sobre los derechos medioambientales, indígenas y humanos crean un espacio para que quienes defienden la reforma de políticas referidas a drogas profundicen la solidaridad con quienes resisten dichas medidas en el terreno.
El IDPC acoge con satisfacción la impresionante variedad de datos y análisis del informe, así como su atención a los impactos medioambientales; pero lamenta la continua falta de reconocimiento del impacto destructivo de las políticas punitivas de drogas, los abusos de los derechos humanos relacionados y las oportunidades para una reforma significativa.
Las políticas de "guerra contra las drogas" contribuyen a la destrucción de nuestro planeta. Por ello, la regulación ambientalmente sostenible debe formar parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
El TNI analiza el nexo entre drogas y el medio ambiente, sus implicancias para los trabajadores del campo, y cuestiona críticamente las respuestas de políticas de drogas y desarrollo a esta situación.
La prohibición infla las ganancias para beneficiar a las redes informales que usan su poder para controlar la tierra, la riqueza y los servidores civiles, con graves impactos sobre el medio ambiente y las comunidades indígenas.
Organizaciones piden al sistema interamericano de derechos humanos intervenir ante insistencia del gobierno colombiano en vulnerar los derechos de las comunidades rurales.
TNI explica cómo la reducción de barreras para los pequeños agricultores y su reforzamiento para las grandes corporaciones pueden ayudar a conducir los mercados legales de cannabis hacia una dirección más sostenible y equitativa.
