El IDPC acoge con satisfacción la impresionante variedad de datos y análisis del informe, así como su atención a los impactos medioambientales; pero lamenta la continua falta de reconocimiento del impacto destructivo de las políticas punitivas de drogas, los abusos de los derechos humanos relacionados y las oportunidades para una reforma significativa.
Las políticas de "guerra contra las drogas" contribuyen a la destrucción de nuestro planeta. Por ello, la regulación ambientalmente sostenible debe formar parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
El TNI analiza el nexo entre drogas y el medio ambiente, sus implicancias para los trabajadores del campo, y cuestiona críticamente las respuestas de políticas de drogas y desarrollo a esta situación.
La prohibición infla las ganancias para beneficiar a las redes informales que usan su poder para controlar la tierra, la riqueza y los servidores civiles, con graves impactos sobre el medio ambiente y las comunidades indígenas.
Organizaciones piden al sistema interamericano de derechos humanos intervenir ante insistencia del gobierno colombiano en vulnerar los derechos de las comunidades rurales.
TNI explica cómo la reducción de barreras para los pequeños agricultores y su reforzamiento para las grandes corporaciones pueden ayudar a conducir los mercados legales de cannabis hacia una dirección más sostenible y equitativa.
El aval del Consejo Nacional de Estupefacientes es ahora lo único que se interpone entre el presidente Iván Duque y su plan de reimplantar las fumigaciones aéreas para combatir los cultivos de uso ilícito.
Volver a permitir la fumigación aérea con glifosato para combatir el tráfico ilícito de drogas en Colombia tendría repercusiones desproporcionadas para el medio ambiente y la salud pública.
Organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamamiento al gobierno colombiano para que no reactive su Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato.
Los expertos rechazan la decisión del presidente colombiano de reanudar las aspersiones aéreas y le piden que considere los riesgos de la actividad para los derechos humanos, la salud y el ambiente.
