La nueva estrategia de ONUSIDA introduce importantes y ambiciosas metas para eliminar políticas que alimentan la criminalización de poblaciones clave, incluyendo a personas que consumen drogas.
El bufete internacional DLA Piper delinea iniciativas para proteger la salud y seguridad de personas en entornos privativos de la libertad en un contexto de pandemia, al igual que las limitaciones de estas iniciativas.
Informado por estudios de casos a nivel internacional, el gobierno escocés resalta el papel de la criminalización en la exacerbación del daño y en el socavamiento de respuestas de salud, reconociendo la necesidad de una amplia revisión de las políticas.
APCOM explora inquietudes de salud pública detrás del consumo sexualizado de drogas (SDT) para hombres que tienen sexo con otros hombres (MSM) y con mujeres transgénero.
Chang et al. resaltan los beneficios y carencias de iniciativas existentes con participación de pares para la prestación de programas sobre VIH y reducción de daños.
El OEDT describe los principales efectos de restricciones referidas al COVID-19 sobre la población que consume drogas, en relación con la provisión y demanda de servicios referidos a drogas.
La INPUD demuestra cómo la mayor participación en el Fondo Global de personas que consumen drogas refuerza los programas para reducción de daños relacionados con drogas.
Mainline, MEWA y PHI esbozan cómo la violencia basada en el género contra las mujeres crea enormes barreras para el acceso a servicios de salud y tratamiento referido a drogas.
La Corporación Viso Mutop detalla agresiones al campesinado comprometido con la sustitución de cultivos y urge a las autoridades a garantizar sus derechos.
