Kilmer et al. discuten las inequidades asociadas con la prohibición del cannabis, particularmente su aplicación en contra de comunidades racializadas, y consideran oportunidades para impulsar la equidad social en el área de políticas sobre cannabis.
RAND resume los potenciales impactos de una disminución en la demanda de opiáceos afganos, urgiendo a la comunidad internacional a monitorear el mercado e invertir en desarrollo rural.
Kavanagh et al. brindan evidencias sobre el impacto negativo de criminalizar a poblaciones clave en relación con la condición de VIH+ y la supresión viral.
Grisaffi et al. sostiene que el éxito de la regulación sobre hoja de coca en Bolivia podría replicarse en el Perú, siempre y cuando las acciones se centren en el empoderamiento y la participación de la comunidad.
Kvamme et al. sugiere que una proporción significativa de consumidores daneses de cannabis como medicina están motivados por el deseo de aliviar sus dolencias al mismo tiempo que minimizan los efectos colaterales negativos que ellos asocian con medicamentos para venta con receta.
El OEDT explora la epidemiología de problemas de salud relacionados con drogas prisiones, discutiendo medidas disponibles para la reducción de daños y los retos persistentes en estos entornos.
Rêgo et al. sostienen que, pese a avances positivos posibilitados por el modelo de Portugal, sus limitadas ambiciones, la falta de actualización, y los retrocesos hacia respuestas punitivas han socavado severamente su potencial.
Iversen y Maher sugieren que una baja adherencia a terapia con antirretrovirales podría reducirse en gran medida mediante la participación en terapia con agonistas opiáceos.
SSDP considera que la narrativa de “las drogas cuestan vidas”, aunque bien intencionada, resulta estigmatizadora y perjudicial, y alimenta enfoques dañinos basados en la prohibición, el castigo y la criminalización.
Christopher Hallam (GDPO) aboga por un mayor apoyo hacia el tratamiento asistido con heroína (TAH) por parte de gobiernos nacionales y organismos internacionales, incluyendo a la JIFE.
PRI y el IDPC detallan cómo personas responsables de políticas públicas y profesionales del sistema penal pueden reducir el encarcelamiento de las mujeres por delitos relacionados con las drogas de acuerdo con las normas internacionales.
