Gabri et al. concluyen que los cambios en la legislación referida al cannabis no tienen un impacto en la prevalencia del consumo recreacional de cannabis entre jóvenes y adultos jóvenes en Europa.
Chiedozie Arum et. al. concluyen que la indigencia y la precariedad de la vivienda están asociadas con un mayor riesgo de contraer el VIH y la hepatitis C entre personas que se inyectan drogas.
Colaborando con la campaña Apoye. No Castigue, el IDPC y ARASA ofrecen una visión general de las preguntas clave que los partidarios de la descriminalización de drogas deben considerar al exigir una reforma.
Dania Putri resalta y resume los esfuerzos colectivos de los activistas de la campaña Apoye. No Castigue en todo el mundo para construir un futuro que no incluya la guerra contra las drogas, donde todos podamos prosperar.
PRI ha desarrollado el plan de 10 puntos como una herramienta para ofrecer a profesionales en el campo y gestores de políticas lineamientos para construir y fortalecer servicios que sean flexibles, no discriminatorios, y más capaces de responder y adaptarse a las crisis.
Unlu et al. evalúan las oportunidades y barreras referidas a políticas (incluyendo los términos de conciencia limitada) para el establecimiento del primer espacio para consumo de drogas en Finlandia.
El IDPC y el GDPO ofrecen un análisis crítico de las narrativas que el sistema de fiscalización de drogas de la ONU construye para justificar su propia existencia y crear un espejismo de éxito.
El IDPC y APCOF resumen las discusiones de una reunión entre múltiples actores involucrados, abordando los vínculos entre criminalización y violaciones a los derechos humanos, novedades en cuanto a políticas regionales y vías para futuras reformas.
Padmanathan et al. señalan incrementos en el riesgo de autoagresión y suicidio en las primeras 4 semanas después de dejar la terapia con agonistas opiáceos, en comparación con períodos estables durante el tratamiento.
