Colaborando con la campaña Apoye. No Castigue, el IDPC y ARASA ofrecen una visión general de las preguntas clave que los partidarios de la descriminalización de drogas deben considerar al exigir una reforma.
PRI ha desarrollado el plan de 10 puntos como una herramienta para ofrecer a profesionales en el campo y gestores de políticas lineamientos para construir y fortalecer servicios que sean flexibles, no discriminatorios, y más capaces de responder y adaptarse a las crisis.
MPact, NSWP, INPUD y GATE describen prácticas óptimas y retos pendientes para garantizar la participación de la comunidad en mecanismos del Fondo Global.
Maghsoudi et al. consolidan la evidencia sobre los beneficios de estos servicios en relación al cambio de conductas y el monitoreo de los mercados, notando obstáculos en su acceso y lagunas en la investigación.
El TNI analiza el impacto de las tendencias mundiales sobre el mercado del opio y exhorta a las autoridades públicas a responder a los factores socio-estructurales que subyacen la participación de las comunidades cultivadoras en mercados ilícitos.
INPUD presenta los principales mecanismos y procesos de derechos humanos y cómo han intervenido en protección de los derechos de las personas usuarias de drogas.
Este documento del proyecto PITCH destaca ejemplos de cambios positivos en las políticas, los programas y la prestación de servicios, así como en la protección de los derechos de las personas que viven con el VIH y las que corren mayor riesgo de contraerlo, en respuesta a la pandemia del COVID-19.
