El SPT expone sus actividades recientes, advierte que las políticas represivas en materia de drogas contribuyen a la tortura y los malos tratos, y pide tratamientos, reducción de daños, y supervisión basados en pruebas y acceso voluntario.
Las observaciones finales del Comité sobre Filipinas y el Reino Unido incluyen recomendaciones claras para alinear la política de drogas con los derechos humanos.
La JIFE destaca la expansión de las drogas sintéticas ilícitas, los obstáculos en el acceso a medicamentos controlados y la eficacia de programas conexos.
IDPC, HRI y Youth RISE destacan cómo las políticas de drogas exacerban la pobreza a través de la exclusión de la vivienda, los beneficios sociales, la educación y el empleo, reforzando el estigma y la discriminación.
La 141ª reunión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dio lugar a un acuerdo de cooperación para mejorar la disponibilidad de medicamentos sujetos a fiscalización internacional.
El grupo experto observó cómo los centros privados para tratamiento de dependencia no están sujetos a control y supervisión adecuados, lo que alimenta violencia e injusticias contra personas que consumen drogas.
El IDPC, EHRA, HRI y HFHR destacan los desafíos que enfrenta la reducción de daños y el tratamiento de la dependencia de drogas en Polonia, así como recomendaciones para la reforma.
Amnistía Internacional, UNJUST UK, HRI y el IDPC arrojan luz sobre las disparidades raciales en la acción policial sobre drogas y las violaciones de derechos humanos asociadas, instando a la descriminalización, la reorientación de los recursos hacia los sistemas de atención y una reforma equitativa.
La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud explora la importancia de la reducción de daños en relación con el uso de drogas y las normas y políticas relacionadas.
