El TNI traza la historia y el estado actual de los esfuerzos de Bolivia para poner fin a la persecución de la hoja de coca, tal y como actualmente se recoge en los tratados mundiales de control de drogas.
La declaración subraya que los Estados que mantienen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas contravienen inequívocamente el derecho internacional.
La OACDH presenta al Consejo de Derechos Humanos su informe acerca del impacto del problema mundial de las drogas sobre los derechos humanos; el documento insta a los gestores de políticas a adoptar un enfoque de políticas de drogas centradas en la salud y los derechos humanos.
IDPC, Amnistía Internacional, CDPE, HRI, DPA, Release y CELS aportan pruebas sobre el papel de las políticas de drogas como motor de la actuación policial y el encarcelamiento discriminatorios.
El IDPC e ICEERS sostienen que el derecho de los pueblos indígenas a cultivar, utilizar, poseer, curar y viajar con sus plantas ancestrales debe consagrarse como parte de un derecho a la salud libre de discriminación racial.
Esta convocatoria apoyará a tres organizaciones con subvenciones de hasta 5.000 USD para llevar a cabo una defensa estratégica ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con su observación general sobre la política en materia de drogas. Fecha límite para la presentación de solicitudes: 27 de julio de 2023.
La comunidad internacional debe sustituir el castigo por el apoyo y promover políticas que respeten, protejan y cumplan los derechos de todas las personas.
A través de documentos oficiales, investigaciones y testimonios personales, Metzineres y el IDPC ilustran la necesidad de eliminar la discriminación, la criminalización y la violencia sistemática contra las mujeres y personas con género diverso que consumen drogas.
El IDPC destaca cómo la creciente implicación de las entidades de derechos humanos de la ONU en los debates sobre políticas de drogas ha allanado el camino para una mayor, aunque todavía insuficiente, consideración de la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó a Guatemala y a Italia a adecuar sus políticas de drogas a las normas internacionales de derechos humanos, inclusive en relación con la descriminalización del uso de drogas.
El HRI, el IDPC y el CDPE arrojan luz sobre las repercusiones de las políticas punitivas en materia de drogas en las comunidades racializadas, incluso en relación con la vigilancia y la criminalización, y con el acceso limitado a los servicios sanitarios, de reducción de daños, de tratamiento y sociales.
