El IDPC destaca cómo la creciente implicación de las entidades de derechos humanos de la ONU en los debates sobre políticas de drogas ha allanado el camino para una mayor, aunque todavía insuficiente, consideración de la salud, los derechos humanos y el desarrollo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó a Guatemala y a Italia a adecuar sus políticas de drogas a las normas internacionales de derechos humanos, inclusive en relación con la descriminalización del uso de drogas.
El HRI, el IDPC y el CDPE arrojan luz sobre las repercusiones de las políticas punitivas en materia de drogas en las comunidades racializadas, incluso en relación con la vigilancia y la criminalización, y con el acceso limitado a los servicios sanitarios, de reducción de daños, de tratamiento y sociales.
La Relatora Especial de la ONU sobre salud busca contribuciones para un informe sobre el impacto del racismo como motor de desigualdad en salud. La fecha límite para respuestas es el 2 de junio de 2022.
El IDPC y Amnistía Internacional urgen al Relator Especial sobre Camboya y al Consejo de Derechos Humanos para que exhorten al gobierno de Camboya a que reduzcan significativamente la detención y el encarcelamiento arbitrarios, incluyendo una evaluación y modificación de políticas punitivas referidas a drogas.
Para reducir la violencia y daños infligidos por las fuerzas del orden contra personas que consumen drogas, los gobiernos deben comprometerse con la descriminalización, la reducción de daños y la eliminación del estigma.
El IDPC pone de manifiesto ante el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos las múltiples formas en que se niega a las personas que consumen drogas el acceso a servicios vitales de protección social.
El IDPC e Instituto RIA sostienen que las prohibiciones generalizadas sobre prácticas para alterar la propia conciencia constituyen limitaciones ilegítimas sobre el derecho a la libertad de pensamiento.
El IDPC documenta los fallos en el suministro de productos menstruales por parte de los sistemas penitenciarios y estatales durante la emergencia pandémica.
El sistema de derechos humanos de la ONU debe continuar arrojando luz sobre el impacto destructivo de leyes punitivas referidas a drogas sobre el disfrute de derechos, incluyendo el encarcelamiento y la detención administrativa.
Cuando se basa en un enfoque de salud y derechos humanos, la descriminalización brinda un marco legal propicio que promueve, protege y satisface el derecho a la salud de las personas que consumen drogas.
