Las pruebas de drogas no son pruebas de aptitud a los padres: La lucha para reimaginar el apoyo a las personas embarazadas que consumen drogas

Es una verdad universal que los padres aman y cuidan a sus hijos y quieren
hacer lo mejor para ellos. No hace falta decir que esto incluye a padres negros,
morenos, indígenas y de bajos ingresos. Sin embargo, todos los días, las personas negras, morenas, indígenas y de bajos ingresos embarazadas y con hijos son separadas de sus hijos o amenazadas con la separación familiar basándose únicamente en acusaciones de consumo de drogas. Estas interrupciones casi siempre comienzan con un informe a los Servicios de Protección Infantil (CPS), en lo sucesivo denominado sistema de regulación familiar (FRS) o sistema de vigilancia familiar.

Los reportes al FRS a menudo son realizados por personas que tienen la
responsabilidad de apoyar a las familias, con poco o ningún reconocimiento de cómo estos informes dañan a las familias y están conectados con décadas de control social. En el contexto del trabajo de parto y el parto, los proveedores médicos a menudo llaman al FRS después de haber realizado una prueba de drogas a la nueva madre y a su recién nacido sin consentimiento. Esta práctica rutinaria de “prueba y reporte” normaliza la violación de la autonomía corporal de las personas embarazadas y después del parto, el de sus recién nacidos, al analizar sus fluidos corporales sin su consentimiento o conocimiento. Peor aún, los resultados de estas pruebas a menudo se utilizan para imponer vigilancia y separar a las familias.

Mucha gente confunde el reportar a FRS con apoyo. Sin embargo, las comunidades afectadas por los informes lo saben. El informe inicia una cadena
de eventos que resulta en una mayor vigilancia familiar; comenzando con
visitas domiciliarias invasivas y reuniones con los trabajadores sociales del FRS,
citas en los tribunales y “servicios” obligatorios, como pruebas de detección
de drogas en orina y evaluaciones psicológicas a las que tienen acceso los
trabajadores sociales, los jueces y los abogados. Durante las investigaciones de FRS, los agentes de FRS exigen el cumplimiento de una lista de requisitos
para demostrar la “aptitud” de los padres. Cuando no se cumplen estos
estrictos requisitos, y a menudo incluso cuando se cumplen, los niños son
sacados de sus hogares y puestos al cuidado de familiares lejanos o extraños.
Lo que es peor es que debido a que los casos de FRS se consideran acciones
civiles, a las familias no se les otorgan las protecciones disponibles en los casos penales, que aunque son prácticamente inexistente, son más sustanciales, lo que deja sus destinos totalmente en manos de jueces y trabajadores sociales. Esto significa que la prueba de drogas supuestamente “benigna” y el informe posterior pueden conducir a una investigación estresante y a procedimientos judiciales potencialmente sin control con el poder de disolver familias de forma permanente.