Informe sobre América Latina N°87 / International Crisis Group

La coca está en el centro de un feroz debate sobre la inseguridad rural en Colombia que continúa empeorando. Las hojas de la planta son la única materia prima con la que se puede fabricar la cocaína, una droga ilegal que genera ganancias descomunales y financia a grupos armados y criminales. El presidente de Colombia, Iván Duque, sostiene que toda la cadena de suministro de narcóticos (desde el cultivo de coca hasta el tráfico mundial de cocaína) es el flagelo detrás de las crecientes masacres, el desplazamiento forzado y los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Con los cultivos de coca alcanzando nuevos máximos en los últimos años, Bogotá ha ampliado considerablemente el despliegue del ejército y la policía para arrancar o erradicar de otra forma los cultivos de coca. También amenaza con reiniciar la fumigación aérea. Sin embargo, el enfoque basado en la erradicación forzosa de la coca, que EE. UU. ha apoyado firmemente, tiende a empeorar la violencia rural y no logra reducir el suministro de drogas. Se requiere una nueva estrategia que convenza a los cultivadores de coca a que abandonen una planta que les ofrece ingresos estables y una alternativa atractiva a otros cultivos legales.

El desmantelamiento de la economía de las drogas ilícitas fue uno de los seis ejes principales del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ese acuerdo prometía instituir un programa de sustitución de cultivos a nivel nacional que permitiría a aproximadamente 200 000 familias cultivadoras de coca dedicarse a otros negocios legales. Intentó romper los vínculos entre la insurgencia y el tráfico de drogas, mientras establecía la autoridad estatal en zonas del país donde el control criminal y la pobreza habían permitido durante mucho tiempo que prosperara la producción de cocaína.

Cuatro años después, solo unas pocas de esas promesas se han cumplido. Los cultivos de coca comenzaron crecer a niveles históricos durante las negociaciones de paz, motivados en parte por la expectativa de que un posible acuerdo beneficiaría a los cultivadores de coca que se comprometieran a sustituir sus cultivos. Esta tendencia creció a medida que el gobierno tenía dificultades en cumplir las promesas hechas a los agricultores. El gobierno colombiano no ha sido capaz de transformar los fundamentos económicos que hacen de la coca, de rápido crecimiento y destinada a un mercado internacional leal, un cultivo tan fiable. Nuevos grupos armados se han movido rápidamente para intentar controlar la cadena de suministro dejada por las FARC. Guerrilleros y criminales compiten por el control de la compra y el procesamiento de la coca, así como las rutas de tráfico hacia el exterior del país.