El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 42/22, solicitó "al Grupo de Trabajo que, como sugirió este en el informe que presentó al Consejo de Derechos Humanos en su 30º período de sesiones, elabore un estudio sobre la detención arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogas a ser presentado al Consejo, en su 47º período de sesiones, y señalado a la atención de la Comisión de Estupefacientes en su calidad de órgano normativo de las Naciones Unidas que se ocupa primordialmente de las cuestiones de fiscalización de drogas" (párrafo 14).

Otra comunicación sometida a la consideración del Grupo de Trabajo, elaborada por el IDPC, está disponible aquí.


Esta comunicación presenta al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (‘el Grupo de Trabajo’) las conclusiones principales del informe “Presas en casa: Mujeres en arresto domiciliario en América Latina”. Este informe será publicado próximamente por un grupo de organizaciones que trabajan en la situación de las mujeres encarceladas en América Latina, incluyendo Equis Justicia para las Mujeres (México), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (México), la Oficina de Washington para América Latina (Estados Unidos), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (Reino Unido), Dejusticia (Colombia), Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Instituto Pro Bono (Brasil), Procuración Penitenciaria de la Nación (Argentina), entre otras.

Solicitamos respetuosamente al Grupo de Trabajo que tenga en consideración las siguientes conclusiones del informe en su próximo estudio sobre detención arbitraria y políticas de drogas.

  1. La penalización excesiva de los delitos de drogas tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres. En las Américas, los delitos relacionados con drogas son la causa más común de encarcelación de mujeres, y el porcentaje de mujeres detenidas por dichos delitos es, en todos los países, más alto que el de los hombres. En algunos países de la región, las penas impuestas a las mujeres por delitos de drogas son a menudo más elevadas que para los hombres. Además, las mujeres acusadas de delitos de drogas tienen mayores probabilidades de ser puestas en prisión preventiva que los hombres.
  2. Las mujeres acusadas por delitos de drogas enfrentan barreras arbitrarias en el acceso a beneficios penitenciarios tales como el arresto domiciliario. Algunas de las barreras principales son: la exclusión categórica de algunos delitos de drogas de las medidas alternativas a la privación de la libertad; los perjuicios de género y la estigmatización contra las personas que utilizan drogas en los procesos de otorgamiento de beneficios penitenciarios; y la falta de inversión en las medidas alternativas al encarcelamiento.
  3. El arresto domiciliario es una medida gravosa de privación de libertad y, en algunos supuestos, implica una forma de detención arbitraria. Algunas de las arbitrariedades a considerar por el Grupo de Trabajo deben ser el uso desproporcionado del arresto domiciliario como medida privativa de la libertad previa al juicio, y la falta de adecuación de las condiciones de arresto domiciliario y las medidas de vigilancia a las características y necesidades específicas de las mujeres.