Tres años después del inicio de la “guerra contra las drogas” del gobierno filipino, continúan las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía y sus asociados. La gran mayoría de quienes han sido atacados son personas pobres y marginadas. En medio de la incitación constante de los niveles más altos del gobierno y la impunidad rampante, solo un asesinato ilegal, el de un joven de 17 años, ha resultado en el enjuiciamiento y la condena de los oficiales de policía. La comunidad internacional debe presionar para que se lleve a cabo una investigación independiente para poner fin a estos crímenes y brindar justicia y reparaciones a innumerables familias y víctimas.