La revisión por parte del gobierno malayo de sanciones penales por delitos relacionados con las drogas supone una medida progresista hacia un enfoque más compasivo y basado en evidencias respecto al consumo de drogas en la región.
Los servicios entre pares refuerzan la salud y el sentido de comunidad de las personas que sobreviven los efectos más nocivos de las políticas punitivas contra las drogas.
Los cambios políticos que amplían el abanico de respuestas estatales a las personas que usan drogas han facilitado el trabajo de las organizaciones dirigidas por pares que ofrecen servicios sanitarios y de reducción de daños.
La Iniciativa Futuros Cívicos explora (entre otras "guerras") el impacto que la opresiva y militarizada "guerra contra las drogas" de Duterte tuvo en Filipinas sobre el espacio cívico de aquellas actores opuestos a las políticas referidas a drogas, y documenta los abusos cometidos en el marco de estas políticas.
Los expertos acogieron con satisfacción la abolición de la pena de muerte obligatoria y la voluntad del gobierno de considerar la descriminalización, al tiempo que subrayaron que la criminalización no debe sustituirse por un tratamiento obligatorio.
La Declaración de Antipolo, bajo los auspicios del gobierno y de la ONU, se compromete a alinear las estrategias de control y tratamiento de drogas con los estándares internacionales, en colaboración con la sociedad civil.
El Gobierno afirma que se retiró del Estatuto de Roma antes de que se iniciara el procedimiento, pero el fiscal de la CPI se opone a tal interpretación porque ya se estaba realizando un estudio preliminar.
La OACDH condenó la inminente ejecución de Tangaraju Suppiah, cuyo caso estaba plagado de vicios de procedimiento y violaba el derecho internacional de los derechos humanos.
La brutal "guerra contra las drogas" de Filipinas no ha disuadido a los defensores de la reducción de daños de aplicar medidas que salvan vidas, como el intercambio de jeringuillas y el tratamiento con metadona.
Japón es el único país del G7 que mantiene un enfoque altamente punitivo del consumo de drogas que perpetúa el daño, el estigma y el sufrimiento, al mismo tiempo que proclama su adhesión a un "orden internacional basado en normas" en el cual se condenan las violaciones de los derechos humanos.
En ausencia de un marco jurídico claro que regule la oferta, Tailandia ha presenciado una avalancha de marihuana introducida de contrabando desde el extranjero, lo que ha hecho que bajen los precios al por mayor y se perjudiquen los productores que la cultivan.
