La OACDH condenó la inminente ejecución de Tangaraju Suppiah, cuyo caso estaba plagado de vicios de procedimiento y violaba el derecho internacional de los derechos humanos.
La brutal "guerra contra las drogas" de Filipinas no ha disuadido a los defensores de la reducción de daños de aplicar medidas que salvan vidas, como el intercambio de jeringuillas y el tratamiento con metadona.
Japón es el único país del G7 que mantiene un enfoque altamente punitivo del consumo de drogas que perpetúa el daño, el estigma y el sufrimiento, al mismo tiempo que proclama su adhesión a un "orden internacional basado en normas" en el cual se condenan las violaciones de los derechos humanos.
En ausencia de un marco jurídico claro que regule la oferta, Tailandia ha presenciado una avalancha de marihuana introducida de contrabando desde el extranjero, lo que ha hecho que bajen los precios al por mayor y se perjudiquen los productores que la cultivan.
El nuevo marco legislativo de Singapur, altamente punitivo y diseñado para enfrentar las nuevas sustancias psicoactivas, aumenta a 30 años –el triple de la pena máxima anterior— la pena máxima de cárcel por posesión de drogas.
Las reformas, aunque suponen un retroceso con respecto a una promesa anterior de abolición total, otorgan a los jueces discrecionalidad para sustituir la pena capital para una serie de delitos, incluyendo el tráfico de drogas.
HRI documenta el drástico aumento de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico ocurridas a lo largo de 2022, las respuestas inadecuadas de los actores institucionales, y la firme resistencia por parte de la sociedad civil.
Los restos exhumados de jóvenes en Filipinas confirman que el asesinato generalizado formaba parte de la violenta campaña de Duterte de ejecuciones en nombre del control de las drogas.
Los centros de rehabilitación obligatoria para quienes consumen drogas constituyen una grave violación a los derechos humanos y deben ser sustituidos por un tratamiento voluntario y de base comunitaria que ofrezca servicios centrados en evidencias y en los derechos humanos.
Brewston y Hampton trazan un mapa de las interpretaciones de profesionales en los servicios referidos a drogas respecto a los objetivos de las políticas sobre estas sustancias, resaltando los cambios suscitados, de perspectivas puramente represivas a otras orientadas a la salud y el bienestar.
Yimsaard et al. señalan la necesidad de supervisar cuidadosamente el impacto de la legalización del cannabis sobre la salud pública de Tailandia, y subrayan que se debe disponer de lineamientos basados en evidencias para informar estrategias de prevención e implementar intervenciones para las poblaciones de riesgo, incluyendo a las personas adultas jóvenes.
