Esta colección de ensayos ponen de manifiesto que las ejecuciones extrajudiciales y legitimadas por el Estado en nombre del control de las drogas tienen menos que ver con la preservación de los valores culturales, y más con la preservación del poder político.
Las políticas punitivas referidas a drogas, sumadas al persistente estigma, aumentan los riesgos relacionados con las drogas y los obstáculos en el acceso a los servicios sanitarios y para reducción de daños.
Activistas confían en que la abolición de la pena de muerte obligatoria para delitos relacionados con drogas sea el primer paso para abordar el impacto destructivo de la “guerra contra las drogas”
Si no aborda seriamente violaciones de los derechos humanos y promueve la reparación, el Programa Conjunto de la ONU en Filipinas corre el riesgo de institucionalizar estos abusos.
ACNUDH exhorta al gobierno de Filipinas a emprender un abordaje transformador que se enfoque en soluciones basadas en los derechos ante los persistentes retos, incluyendo aquellos referidos a la destructiva guerra contra las drogas.
Lei Yee et al. destacan los beneficios de las intervenciones de reducción de daños para reducir los daños relacionados con la inyección, al tiempo que describen los obstáculos en relación con la disponibilidad, el coste y la privacidad.
Aunque el país mantiene la pena de muerte obligatoria para delitos de provisión de drogas que involucran más de 200 gramos de sustancia, el gobierno viene explorando aplicaciones médicas.
La determinación obligatoria de la pena de muerte y su uso en casos de delitos relacionados con drogas se contraponen a leyes y estándares internacionales de derechos humanos.
Campañas de represión, arrestos, encarcelamiento y abusos extrajudiciales están vinculados con resultados negativos de salud para las mujeres y mayor riesgo de sobredosis.
