Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos de la justicia penal que enfrentan los países de América Latina. En las Américas, incluyendo Canadá y los Estados Unidos, una de cada tres personas a la espera de juicio se encuentra tras las rejas y, durante las últimas dos décadas, el número de personas en prisión preventiva en la región ha aumentado cerca del 60 por ciento.

Una de las principales causas de este incremento es el uso excesivo de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas en América Latina. El uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva socava los principios de presunción de inocencia, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, contribuye en gran medida al hacinamiento carcelario, y frecuentemente expone a las personas detenidas a condiciones de maltrato y/o violencia. En algunos países, es más probable que se mantenga a más mujeres que a hombres en prisión preventiva, lo cual tiene un impacto desproporcionado sobre estas mujeres y sus familias.

En años recientes, algunos gobiernos en América Latina han introducido reformas para reducir el uso de la prisión preventiva. Aunque estas reformas son bienvenidas, han tenido un impacto limitado sobre el problema, y se puede y debe hacer mucho más para garantizar que la prisión preventiva constituya la excepción, no la regla.

Este informe contiene los datos más recientes sobre el uso de la prisión preventiva, contempla específicamente su impacto sobre las mujeres, y concluye con una serie de recomendaciones para reducir significativamente el número de mujeres sujetas a prisión preventiva en América Latina.