Desde que se estableció, la Comisión Global de Política de Drogas ha estado abogando por que se despenalice el consumo de drogas ilegales, así como por que a quienes han cometido un delito leve y no violento se les apliquen alternativas al encarcelamiento. Actualmente, hay más de 10 millones de personas encarceladas en el mundo. Una de cada cinco está presa por un delito relacionado con drogas y, de estas, el 83 % cumple condena simplemente por la posesión para uso personal.

La Comisión considera que el encarcelamiento representa un reflejo de la incapacidad de las políticas de drogas basadas en la prohibición para lograr sus objetivos, así como del fracaso por la no-aplicación de políticas que priorizarían la salud y los derechos de las personas y las comunidades por encima de la vía de la justicia penal.

La cárcel es la consecuencia de los fracasos de la política de drogas: su incapacidad para reducir la demanda y la oferta de drogas, y el poder de la delincuencia organizada transnacional. Cuando un Estado practica una privación de libertad, le corresponde un deber de cuidado y una responsabilidad especial con respecto a las personas reclusas. Sin embargo, muchos Estados no cumplen con estas obligaciones en varios sentidos.