Por Luciana Pol et al.

¿Por qué algunos actores políticos sostienen que las Fuerzas Armadas deben intervenir en asuntos diferentes a la defensa de un territorio ante un ataque militar, su misión principal? ¿Hay amenazas a la seguridad que pueden equipararse a una amenaza externa y que justifiquen el uso de poder militar dentro de las fronteras? Para responder estas preguntas hay que revisar cómo se construyó la idea de las “nuevas amenazas”, quiénes la promueven como una nueva doctrina y cuáles son esos supuestos peligros.

En América Latina, durante las décadas de 1980 y 1990 un proceso de democratización puso fin a los gobiernos militares que habían proliferado durante el siglo XX. La “doctrina de seguridad nacional”, que impulsada por los Estados Unidos había sido adoptada en todo el continente, también fue abandonada cuando el fantasma del comunismo ya no pudo ser utilizado para la construcción de enemigos internos. Al mismo tiempo, como consecuencia de la democratización se debilitaron las tensiones que existían entre distintos países de la región. La guerra con una nación vecina, que era la principal hipótesis de conflicto militar para la mayor parte de los países latinoamericanos, fue desapareciendo como posibilidad. Con matices según la situación y la historia de cada país, en general estos procesos resultaron en una pérdida de relevancia de las Fuerzas Armadas como actores políticos.

En el mismo periodo de tiempo, y en toda la región, la cuestión criminal y la seguridad ciudadana se convirtieron en temas centrales de la agenda política. Esto dio lugar a que muchos países favorecieran el involucramiento de los militares en “el combate a la criminalidad”. Con diferentes niveles de gravedad en cada país, la persistencia de la desigualdad económica y la expansión de mercados ilegales como el del tráfico de armas y de drogas -apuntalada por el aumento del consumo en los Estados Unidos- contribuyeron a transformar a América Latina en una de las regiones más violentas del mundo

En este contexto, algunas agencias gubernamentales de los Estados Unidos –entre ellos el Comando Sur de las Fuerzas Armadas- y lobistas de las Fuerzas Armadas de la región elaboraron y difundieron la doctrina de las “nuevas amenazas”. Esta doctrina sostiene que, ante la ausencia de conflictos bélicos en la región, las amenazas principales a la estabilidad de los Estados provienen ahora de la criminalidad organizada transnacional, en particular de actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como “la pobreza”, “las migraciones”, “el populismo”. En los últimos años, los Estados Unidos insisten en sumar al terrorismo a este grupo. Desde este punto de vista, las Fuerzas Armadas de cada país deberían ser reentrenadas para enfrentar estas cuestiones heterogéneas y que en más de un caso son fenómenos socioeconómicos complejos.

La idea de las “nuevas amenazas” da lugar a la militarización de la seguridad interior, a la securitización de agendas sociales como la pobreza y las migraciones, o a ambas cosas a la vez.

La razón por la cual estas problemáticas deberían recibir una respuesta militar no termina de quedar clara. En algunos casos se argumenta que se trata de fenómenos transnacionales, como si ello fuera sinónimo de una agresión externa militar. En otros se afi rma que, al no haber hipótesis de conflicto militar, para no malgastar recursos, las Fuerzas Armadas deberían transformarse en una suerte de fuerza policial. En todos los casos, quienes buscan convencer a las autoridades y a la opinión pública de que no existe una diferencia de naturaleza entre la seguridad ciudadana y la defensa nacional utilizan a las “nuevas amenazas” como argumento central. En este sentido, esta postura implica una continuidad con la doctrina de seguridad nacional. Varios factores explican la irradiación de este paradigma y las transformaciones institucionales y de políticas que provocó en la seguridad y la defensa.

La “lucha contra el narcotráfico” ha ocupado el centro de las agendas políticas, y electorales, de muchos países y se pusieron en marcha una serie de respuestas securitarias, que en muchos casos incluyeron el uso interno del poder militar. Aún luego de mostrarse inefectivas y colaborar con el recrudecimiento de la violencia, estaspolíticas suelen tener un relativo consenso social. Esto se explica, en buena medida porque el narcotráfico se ha constituido en una de las preocupaciones sociales más importantes, asociada a la inseguridad y la violencia. Despierta un pánico social que no es independiente de la prohibición de las drogas y su conceptualización histórica como un mal que debe ser “combatido” a cualquier costo.

En cambio, la agenda sobre terrorismo no se relaciona, en la mayoría de los países, con una preocupación social extendida. Su presencia en los discursos y programas de las áreas de defensa y seguridad se vincula más bien con una necesidad de las agendas diplomáticas hemisféricas y con la relación bilateral con los Estados Unidos. En algunos países, se ha usado esta agenda, a través de las leyes antiterroristas, para perseguir y estigmatizar a grupos y conflictos sociales.

Allí donde se materializa en políticas públicas, la idea de las “nuevas amenazas” da lugar a una militarización de la seguridad interior, a una securitización de agendas sociales como la pobreza y las migraciones, o a ambas cosas a la vez. Implica la ampliación de las capacidades de los Estados para realizar tareas de inteligencia o para intercambiar información entre agencias de diferentes Estados. Las “nuevas amenazas”, en especial el narcotráfico, son presentadas como justificación de técnicas de investigación y formas de vigilancia supuestamente dirigidas a los grupos criminales, pero, que muchas veces, se utilizan contra opositores políticos u otros actores sociales e impactan sobre los derechos a la organización, la participación, la protesta y la privacidad. También ha sido el trasfondo de reformas normativas que implican el debilitamiento del debido proceso, al reducir o eliminar garantías frente a una clase de delitos que, supuestamente, requiere respuestas excepcionales.