La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2004: 13). La salud mental es una condición necesaria para una vida feliz y plena. También es necesaria para el desarrollo social y económico (OMS, 2002; Mercy et al. 2003; Patel y Kleinman, 2003). Sin embargo, la salud mental puede verse comprometida por situaciones estresantes de la vida (You y Conner, 2009), tales como el crimen y la violencia que los individuos hayan experimentado personalmente, o bien, por el nivel de inseguridad que se observa en los lugares en que residen (Lopes et al., 2015; Lorenc et al., 2012; Cornaglia et al., 2014; Londoño, et al. 2012).

Los cambios recientes en las estrategias antidrogas en México han incrementado la violencia relacionada con el narcotráfico en el país (Beittel, 2013; Guerrero-Gutié- rrez, 2011; Molzán et al., 2012; Magaloni et al., 2017). La violencia relacionada con las drogas impone costos significativos para la sociedad. A nivel individual, este tipo de violencia supone una enorme carga psicoló- gica para las víctimas, su familia y amigos e, incluso, para los perpetradores. “A nivel de la comunidad, la violencia relacionada con el narcotráfico puede afectar a las comunidades y a la sociedad a través, por ejemplo, del incremento del miedo al crimen y la disuasión a las personas para visitar zonas relacionadas con violencia asociada al narco” (OMS 2009: 10. Traducción propia).

A nivel social, la literatura previa ha identificado los efectos de la violencia asociada al narcotráfico –específicamente en el contexto de la “guerra contra las drogas” implementada en México–, sobre diferentes resultados individuales y sociales tales como: comportamientos de aversión al riesgo (Brown et al., 2015; Nasir et al., 2016), percepciones de seguridad (Gutiérrez-Romero, 2016), flujos migratorios (Atuesta y Paredes, 2015; Basu y Pearlman, 2017), decisiones en el mercado laboral (Michaelsen, 2012; BenYishay y Pearlman, 2013), salarios (Iriarte, 2016), natalidad (Torche y Villarreal, 2014; Brown, 2017), inversiones parentales (Duque, 2017), y escolaridad (Brown y Velásquez, 2017; Caudillo y Torche, 2014; Michaelsen y Salardib, 2013; Márquez-Padilla et al., 2015; Orraca, 2015), entre otros.

Particularmente, en relación con la literatura que ha buscado explorar los efectos de la violencia relacionada con el narcotráfico sobre la salud mental en México, las investigaciones han encontrado que la violencia relacionada con el narcotráfico ha afectado la salud mental de grupos específicos de la población. Distintos estudios han encontrado que las poblaciones vulnerables –incluyendo niños y adolescentes en la frontera (Leiner et al., 2012; Unruh, 2011), y refugiados mexicanos (Eisenman et al., 2003; Lusk y McCallister, 2013)– desarrollan desórdenes mentales al estar expuestos a este tipo de violencia. Del mismo modo, los periodistas y fotógrafos que cubren noticias relacionadas con el narcotráfico experimentan secuelas sobre su salud mental, así como Desorden de Estrés Post-Traumático (DEPT) (Feinstein, 2012; Flores et al., 2014; Leiner et al., 2012).