Hay más de 3.100 tribunales de drogas en los Estados Unidos. Pero mientras los partidarios de los tribunales afirman que éstas reducen la reincidencia para personas con trastornos por consumo de sustancias, los críticos afirman que el sistema abusa del debido proceso, con frecuencia impone tratamiento a personas que no lo necesitan – que no sufren dependencia de drogas – y que falla en su cometido de brindar cuidados de calidad a muchos que sí lo necesitan.

Physicians for Human Rights (PHR) evaluó la disponibilidad y calidad de tratamientos para trastornos por consumo de sustancias disponibles a través de tribunales de droga en tres estados – New York, New Hampshire y Florida – y halló grandes obstáculos en los tres estados.

En general, PHR halló que los tribunales de drogas en gran medida fracasaron en proveer tratamiento a quienes realmente lo necesitaban, y llenaron limitadas vacantes de tratamiento con pacientes obligados por el tribunal, que no siempre lo necesitaban.

En muchos casos, funcionarios judiciales carentes de formación médica ordenaron un tratamiento inadecuado y no basada en la evidencia, o bien ordenaron tratamiento para personas que no lo necesitaban. En todos los casos, el funcionamiento y el mandato de los tribunales de drogas suscitaron significativas preocupaciones respecto a los derechos humanos.