El programa Drogas y Democracia del TNI me ha pedido mostrar esta otra narrativa sobre los programas de desarrollo alternativo que se desarrollaron en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). La información a la que recurro proviene de mi experiencia como consultora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bogotá. Este documento se basa en datos provenientes de reuniones públicas, de las memorias de unas mesas de socialización realizadas con los líderes de las organizaciones productivas, y de mis experiencias con campesinos y funcionarios durante tres años de trabajo. Es importante precisar también que el documento solo pretende ofrecer una visión de conjunto de los programas sin entrar a examinar las diferentes dinámicas locales y regionales que se presentaron en su  implementación durante el periodo considerado, ni examinar el Desarrollo Alternativo como política pública en toda su complejidad.

Durante 2003-2010 se implementaron dos programas de desarrollo alternativo: Familias Guardabosques y Proyectos Productivos, como parte del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), cuyos objetivos eran consolidar el proceso de erradicación de cultivos ilícitos, brindar alternativas estables de ingresos a las comunidades, generar legitimidad del Estado y fortalecer el capital social a partir del estímulo de la organización y la participación.

Conclusiones y Recomendaciones

  • Los campesinos necesitan tener un acceso permanente a las instituciones del Estado que les permita desarrollar plenamente sus derechos como ciudadanos en áreas de desarrollo rural, ambiental, de infraestructura vial, de educación, y de salud. El Estado debe ser consistente en la implementación de programas de desarrollo rural que cubran todo el territorio nacional, y debe dejar de repartir ayudas de manera paternalista.
  • No se deben imponer proyectos diseñados desde las oficinas oficiales y de cooperación internacional sin tener en cuenta los conocimientos y necesidades locales. Hay que tener en cuenta la demanda de participación real de las comunidades campesinas en el diseño de los proyectos, superando la prepotencia del conocimiento de los técnicos y políticos y abriendo un espacio para el diálogo y la construcción conjunta con las comunidades de los proyectos de desarrollo rural.
  • El trabajo con las comunidades debe partir de los conocimientos que ellas tienen, de sus tradiciones, y debe soportarse en sus redes sociales. De esta manera, se logrará empoderar a las comunidades y realizar proyectos que tengan un impacto positivo en sus procesos de desarrollo. Se debe evitar la imposición de modelos que, como en el caso de los PPP, en lugar de empoderar a las comunidades pueden contribuir a generar impactos negativos y devaluación de sus identidades culturales.

Suscríbase a las alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.