La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en un fallo memorable, declaró la inconstitucionalidad de penalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Esta decisión de la Corte en agosto del 2009, coincidió con un proceso iniciado en 2005 desde algunos ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, para reformular la política nacional de drogas. Un Comité Asesor creado en 2007 desarrolló una serie de propuestas legislativas y orientaciones para redefinir las políticas públicas en la materia, en línea con los estándares de derechos humanos, tanto en la esfera penal como en los aspectos socio-sanitarios. Las propuestas surgidas del Comité enfatizan la necesidad de un nuevo enfoque en el campo de la salud mental y la educación.

La iniciativa tuvo su origen en el ámbito judicial, entre jueces, fiscales y juristas, donde más se sintió el peso y el impacto de la ley. Surgió una crítica profunda sobre el funcionamiento del sistema penal que desproporcionalmente se aplica a los consumidores de drogas, principalmente de la marihuana. Argentina además atravesó un cambio de rol en la cadena del narcotráfico, pasando a ser un país de mayor tránsito, productor y exportador de precursores químicos y con un consumo de cocaína más elevado. También apareció un derivado de la cocaína en el mercado, llamado paco, que causó alarma social e incidió en las poblaciones pobres.

Desde entonces, son evidentes las tensiones y contradicciones al interior del propio aparato del Estado y en la opinión pública sobre cómo enfrentar los fenómenos ligados al mercado de las drogas en el país. Quizás llegó el momento de dar un paso adelante en este proceso, reflejando una maduración en el debate nacional que, además, se lleva a cabo en un contexto regional con amplio reconocimiento del fracaso de las políticas actuales.

Conclusiones y recomendaciones:

  • El debate sobre la reforma de las políticas de drogas se ha instalado por fin en Argentina, y se han dado pequeños pasos en una buena dirección, pero aún falta mucho por concretizar.
  • La jurisprudencia de la Corte Suprema y los nuevos actores institucionales tienen propuestas y resoluciones novedosas que pretenden devolver a la práctica jurídica y a las políticas públicas la proporcionalidad, la eficacia y la humanidad.
  • Llegó el momento de plasmar el discurso en una nueva legislación, y de adecuar las prácticas de intervención de las instituciones públicas a ésta, para lograr mejores resultados y reducir el daño provocado por el consumo problemático de drogas.