La penalización del uso de drogas afecta de manera desproporcionada a las minorías raciales y a las comunidades marginadas. Un marco para la regulación del cannabis debería tener en cuenta estas realidades, con el fin de evitar recrear estas mismas desigualdades.
Esta breve encuesta se ha concebido para evaluar los niveles de participación en el CSTF y el período de sesiones a nivel ministerial, así como la satisfacción con respecto a ambos, por parte de las organizaciones de la sociedad civil .
Ahora es el momento de tender puentes, no solo entre movimientos, sino también entre instituciones internacionales, con el fin de que la política de drogas se convierta en una cuestión de derechos humanos.
Las encuestas sugieren que la opinión pública británica con respecto a la regulación del cannabis y el acceso a la atención médica ha cambiado drásticamente en los últimos años.
Los enfoques en materia de fiscalización de drogas en la región, por lo general represivos, no han dado resultado, lo que ha allanado el camino al auge de alternativas.
Como consecuencia de la popularización y la nacionalización de los programas de reducción de daños en Europa Occidental, el activismo de base que creó el movimiento se está desvaneciendo y los avances se están ralentizando.
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Las personas transgénero se encuentran entre las comunidades más vulnerables, ya que padecen muchas fuentes de discriminación y estrés que los servicios de reducción de daños deben tener en cuenta.
En la década de 1980, Suiza admitió el fracaso de las políticas represivas de drogas y puso en marcha programas de reducción de daños. Este artículo muestra lo que se puede aprender de esta experiencia.