Las personas transgénero se encuentran entre las comunidades más vulnerables, ya que padecen muchas fuentes de discriminación y estrés que los servicios de reducción de daños deben tener en cuenta.
En la década de 1980, Suiza admitió el fracaso de las políticas represivas de drogas y puso en marcha programas de reducción de daños. Este artículo muestra lo que se puede aprender de esta experiencia.
Coincidiendo con el Día Mundial de Acción de la campaña ‘Apoye. No castigue’, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte comparte algunas ideas sobre la Conferencia Internacional de Reducción de Daños de 2019, celebrada en Oporto el pasado mes de abril.
La carta, firmada conjuntamente por 58 organizaciones, insta al presidente de Sri Lanka a que haga todo lo que esté en su mano para detener las ejecuciones en Sri Lanka y relegar la pena de muerte a los libros de Historia.
Esta declaración recuerda que limitar la disponibilidad de medicamentos para el tratamiento del dolor no constituye una solución viable a la crisis de los opioides en los Estados Unidos y podría poner en peligro a millones de pacientes.
En el Día del Recuerdo, la red INPUD honra la memoria de quienes perdieron la vida en la guerra contra las drogas y llama la atención sobre las políticas responsables de su muerte.
Esta decisión de la OMS pone en peligro una década de avances para permitir que millones de personas dispongan de acceso a sustancias fiscalizadas para aliviar el dolor.
La experiencia de este activista lituano durante su encarcelamiento sirvió como caso paradigmático para introducir programas de tratamiento de sustitución en las cárceles.
Las medidas de austeridad, acompañadas de la distribución insuficiente de sustitutos de la heroína para tratamiento, son las principales causas de muertes relacionadas con drogas en Escocia.
El sistema de clasificación de drogas vigente impide que millones de personas de todo el mundo gocen de acceso a medicamentos esenciales que necesitan para aliviar el dolor.
La ‘guerra contra las drogas’ lleva cinco décadas criminalizando el uso, el tráfico y el cultivo de drogas, lo cual ha afectado principalmente a las comunidades más pobres del mundo.
Este documento destaca la necesidad de reafirmar y reconocer que se necesita un enfoque basado en los derechos, el papel determinante de las comunidades y la solidaridad y financiación internacionales para alcanzar una cobertura sanitaria universal.
