El principal factor causal de la indigencia y el consumo de drogas es el mismo: Políticas que limitan la capacidad de las personas para cubrir sus necesidades diarias, tener empleo estable, costear un alquiler y ser parte de una comunidad estable.
Dada la abundancia de evidencias de que el patrullaje y la criminalización de personas que consumen drogas no funcionan, la necesidad de financiar acciones de reducción de daños nunca ha sido más obvia.
La Red de Políticas sobre Drogas de África Occidental (WADPN) ha brindado información confiable, equipos de protección, alimentos y artículos de aseo a personas que consumen drogas, al mismo tiempo que exhortan a las fuerzas del orden a reducir redadas y encarcelamientos.
Las lecciones incluyen priorizar la reducción de daños, generar confianza, fortalecer comunidades, reducir el patrullaje, y evitar la culpa y estigmatización.
Dado que la pandemia del COVID-19, y las respuestas de los gobiernos a la misma, están exacerbando las desigualdades existentes que plantean riesgos y retos particulares a las personas que consumen drogas, los Estados deben aprovechar esta oportunidad para establecer políticas eficaces que protejan sus derechos.
Como a los agricultores les quedan hectáreas de hoja de coca pero no tienen medios para venderla y los cárteles están adaptando sus pautas de tráfico, las consecuencias económicas de la pandemia son cada vez más visibles.
La falta de acceso a servicios e insumos de salud básicos, el aislamiento forzoso e indefinido, los castigos corporales y psicológicos y el abuso sexual son algunas de las realidades que caracterizan la operación diaria y sistemática de estos centros.
Proveedores de servicios y redes comunitarias trabajan de la mano para responder a las necesidades de las personas usuarias de drogas en situación de calle.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas cuyo sustento depende de la coca denuncian asesinatos y falta de compromiso con lo estipulado en el Acuerdo de Paz.
