Dado que la pandemia del COVID-19, y las respuestas de los gobiernos a la misma, están exacerbando las desigualdades existentes que plantean riesgos y retos particulares a las personas que consumen drogas, los Estados deben aprovechar esta oportunidad para establecer políticas eficaces que protejan sus derechos.
Como a los agricultores les quedan hectáreas de hoja de coca pero no tienen medios para venderla y los cárteles están adaptando sus pautas de tráfico, las consecuencias económicas de la pandemia son cada vez más visibles.
La falta de acceso a servicios e insumos de salud básicos, el aislamiento forzoso e indefinido, los castigos corporales y psicológicos y el abuso sexual son algunas de las realidades que caracterizan la operación diaria y sistemática de estos centros.
Proveedores de servicios y redes comunitarias trabajan de la mano para responder a las necesidades de las personas usuarias de drogas en situación de calle.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas cuyo sustento depende de la coca denuncian asesinatos y falta de compromiso con lo estipulado en el Acuerdo de Paz.
Este primer proyecto de base comunitaria para la reducción de daños, tratamiento y atención en Burma se propone mostrar que apoyar a las personas que consumen drogas resulta mucho más efectivo que castigar.
La CND organizará “reuniones sobre temas de actualidad” para abordar las preguntas pendientes sobre regulaciones de la OMS referidas al cannabis e incrementar las posibilidades de adopción de éstas en la 63ra sesión reanudada.
Ideas y conceptos erróneos sobre drogas, adicción y criminalidad conllevan a la formulación de políticas sobre drogas derivadas de juicios morales y una lógica racializada sobre "criminales", en lugar de basarse en hechos sobre las drogas.
