Al integrar a las personas usuarias en la distribución de naloxona y programas de derivación, el pañis ha reducido significativamente sus muertes por sobredosis.
Para afirmar los derechos, las políticas públicas deben rechazar tanto la criminalización como el paternalismo, buscando responder a las causas que subyacen la implicación en economías criminalizadas.
Deshacer los daños de las políticas punitivas sobre drogas y construir alternativas sostenibles requiere centrar las experiencias de las comunidades negras con la “guerra contra las drogas”.
Mujeres, personas jóvenes, campesinas y personas usuarias de drogas han sido desproporcionadamente violentadas por las estrategias securitistas de las que depende la prohibición.
Una parte importante de la fase de recopilación de datos para el Índice se basa en una encuesta a la sociedad civil que nos permitirá evaluar realmente cómo se están aplicando las políticas de drogas sobre el terreno.
Se requiere acción urgente para asegurar que los sistemas nacionales mejoren el acceso a medicinas controladas para personas afectadas por emergencias, incluyendo las pandemias.
