HRI, IDPC, CDPE y el Instituto RIA trazan los vínculos entre la reforma de políticas referidas a drogas, participación de la comunidad y la protección de los derechos humanos.
La criminalización de las drogas recae sobre todo en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que pone de manifiesto su impacto destructivo.
La falta de acceso a un suministro seguro en Canadá y otras jurisdicciones expone a las personas que consumen drogas a un mercado ilícito inestable letal.
Las ejecuciones programadas, que constituyen una afrenta contra la dignidad humana, están envueltas en evidentes violaciones de carácter legal y procesal, y deben ser detenidas de inmediato.
Los horrores de la “guerra contra las drogas” han provocado discusiones incipientes pero cada vez mayores sobre la necesidad de superar la destructiva herencia colonial de la prohibición.
Equipos seguros para fumar reducirían la transmisión de enfermedades, incrementarían la participación en servicios de salud mental y consumo de sustancias, y generarían compenetración y confianza con las personas que consumen drogas.
Más de 16,000 personas han recibido hasta el momento acceso a apoyo por parte de pares, reducción de daño, tratamiento basado en evidencias, vivienda y apoyo para obtener empleo.
