La ONU ante una posible flexibilización de los tratados contra las drogas

Numerosas voces, entre ellas un gran número de países latinoamericanos, han abogado en una reunión de la ONU en Viena sobre políticas de drogas por una interpretación más flexible de los tratados internacionales para permitir nuevos enfoques basados en la prevención y la salud pública. Los debates en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que comenzaron el pasado lunes 9 y concluyeron el martes 17, han preparado el camino para la sesión especial de la Asamblea General de la ONU dedicada a las drogas el año que viene.

Esa sesión extraordinaria en Nueva York, la primera sobre narcóticos desde 1998, pretende marcar las líneas maestras de la nueva estrategia internacional en materia de drogas, dado que el enfoque represivo utilizado en las últimas décadas no ha funcionado, según han denunciado numerosos delegados. Sobre la mesa estará la demanda de sustituir las medidas punitivas, que han dominado la agenda internacional hasta hace poco, por otras políticas basadas en la evidencia científica, la salud pública, la realidad específica de cada territorio y el respeto a los derechos humanos. Pero frente a las voces que piden cambios están las de otros Estados -como Pakistán, Egipto, China o Rusia- que quieren seguir aplicando una política de "mano dura" y no tolerarán cambios en las convenciones, según recordaron a Efe varios diplomáticos.

"El régimen internacional de drogas debe ser más flexible, de tal forma que posibilite un tratamiento diferenciado frente a las sustancias y a las conductas asociadas a ellas", dijo en Viena Yesid Reyes, el ministro de Justicia de Colombia. "El problema de las drogas no es el mismo en todo el mundo. Se trata de solucionar problemas que tienen personas reales, con necesidades reales y en contextos sociales reales", explicó a Efe. Guatemala y México, dos de los países latinoamericanos que más han sufrido la violencia relacionada con el narcotráfico, también demandaron flexibilidad. Mientras, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Milton Romani, recordó que la pena de muerte que algunos aplican para delitos relacionados con las drogas es una interpretación de los tratados, que no la recogen.

Una fuente diplomática que sigue de cerca las negociaciones sostiene que aceptar una interpretación más amplia de las convenciones, que permita los nuevos enfoques sin modificar los tratados, puede ser un "mínimo común denominador" para todos. Para Martin Jelsma, un analista del Transnational Institute especializado en políticas de drogas, existe aún "mucha confusión" sobre la idea de una interpretación más abierta de los tratados, y no todos se refieren a lo mismo.

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