Por Virginia Labiano, RESET– Política de Drogas y Derechos Humanos

Este 20 de agosto, Reset junto a otras 23 organizaciones realizará un evento de conmemoración y visibilización del aniversario del fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El encuentro contará con la participación de más de 50 especialistas de diferentes disciplinas que debatirán en el propio Congreso de la Nación sobre las políticas de drogas.

La jornada celebra aquél hito histórico que ocurrió en 2009 cuando la Corte Suprema de Justicia argentina declaró la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas. A través de paneles temáticos integrados por referentes nacionales e internacionales se abordará desde diversas perspectivas el tema drogas. Entre otrxs, expondrá el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien conformó la Corte Suprema al momento de la sentencia.

La campaña cobra vigencia porque a pesar de la jurisprudencia a favor de la despenalización de las personas usuarias, las políticas de drogas de nuestro país no fueron modificadas en concordancia con la flamante sentencia de la Corte sino todo lo opuesto: las estadísticas de los últimos años muestran el aumento de la persecución y una criminalización imparable, en particular en el marco de la actual gestión y su programa “Argentina sin Narcotráfico”.

Se estima que alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales motivo de tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. En 30 años de vigencia, la ley 23.737 no ha conseguido disuadir ni siquiera con la pena de prisión el consumo, por el contrario, los datos recolectados por el SEDRONAR señalan que el consumo reciente de alguna droga ilícita pasó del 3,6% en el año 2010 a 8,3 % en la actualidad.

Asimismo, según datos de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad), entre 2011 y 2018, el 35% de las causas judiciales iniciadas por estupefacientes en todo el territorio nacional corresponden a tenencia para consumo personal. Para el Estado, significa un cuantioso dispendio de recursos públicos. Para las personas afectadas, implica requisas, allanamientos, detenciones, encarcelamientos, extorsiones policiales, estigmatización social, familiar y laboral.

En el evento participarán diputadxs y senadores de distintos bloques partidarios autores de algunos de los 25 proyectos legislativos que se han presentado desde “Arriola” a la actualidad con el objetivo de despenalizar la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis, ninguno de los cuales ha sido tratado por el Congreso.

Uno de los paneles abordará un tema clave, drogas y género, ya que los delitos no violentos relacionados con drogas –como el microtráfico- son la primera causa de detención de mujeres en Argentina.

El cierre estará a cargo de un panel con referentes de Derechos Humanos encabezado por Nora Cortiñas, cofundadora de la Madres de Plaza de Mayo. Las organizaciones que convocamos consideramos que la reforma a la ley de drogas es una deuda de la democracia argentina.

La jornada que se realizará en el Atrio del Congreso, con entrada libre y gratuita, será una nueva oportunidad para exigir políticas de drogas que sean eficaces, sensatas, humanitarias y respetuosas de los derechos humanos.

En consenso las organizaciones convocantes elaboramos una Declaración en la cual hacemos un balance de la situación de esta década transcurrida y proponemos, a diez años de Arriola, 10 políticas públicas en materia de drogas que precisa nuestra democracia  para afianzar el respeto por los derechos humanos:

  1. Despenalizar las conductas asociadas al consumo, como la tenencia, el consumo ostentoso y el autocultivo.
  2. Regular las sustancias actualmente prohibidas, comenzando estratégicamente por el cannabis.
  3. Establecer políticas educativas, preventivas y campañas de difusión con basamento científico.
  4. Reglamentar y ejecutar políticas de reducción de daños conforme lo demanda nuestra legislación nacional.
  5. Derogar las medidas compulsivas de tratamiento contenidas en la ley penal y poner en plena vigencia el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y Adicciones.
  6. Reglamentar la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos, desarrollando una política pública sanitaria que atienda los mismos.
  7. Balancear el presupuesto asignado a la represión, en favor de aquellos abordajes que tiendan a la educación, prevención y tratamiento de las adicciones.
  8. Ejercer un control institucional de los establecimientos públicos y privados que se abocan a la asistencia y tratamiento de consumos problemáticos de sustancias, velando a que se atengan al respeto de los derechos humanos y la normativa vigente.
  9. Establecer alternativas al encarcelamiento y disminución de mínimos legales para delitos no violentos relacionados a las drogas, desde un enfoque con perspectiva de género.
  10. Garantizar el acceso a las sustancias actualmente fiscalizadas para las personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor.