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Es necesario que poblaciones afectadas por las políticas de drogas punitivas asistan a los foros internacionales. Las voces de mujeres como yo, ex privadas de la libertad, así como de mujeres usuarias, cultivadoras, transportistas, vendedoras, familiares, entre muchas otras, tienen que ser oídas.

Por Natacha Lopvet

Desde las paredes grises, detrás de las cuales cumplí una condena de diez años por transportación de droga y que abandoné hace dos años, viajé hacia los altos edificios de las oficinas de las Naciones Unidas. Una estrecha vigilancia regía el espacio en donde la protesta no es bienvenida y en donde la diplomacia y el verbo protocolar son de rigor. El único detalle colorido son las banderas que ondulaban al ritmo del clima vienense. Ahí alcancé el que parecía un inalcanzable sueño de cualquier persona privada de la libertad en el mundo.

Ante la 62da sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND por sus siglas en inglés) mis preguntas, criticas e incertidumbres fueron numerosas. Presencié un centenar de mesas de trabajo y conversaciones en torno a las políticas de drogas en el mundo. Quedé impresionada de descubrir una gran cantidad de informes, datos, evidencia científica, testimonios y relatos que reflejan las problemáticas encontradas en cada país, en cada región, en la materia.

Si bien las organizaciones de la sociedad civil podrían considerarse como guardianas de la democracia, por recordarles a los Gobiernos sus deberes como Estado, su presencia masiva este año refleja, entre otras cosas, el incremento de vejaciones y violaciones de derechos humanos, la falta de libertades, el empobrecimiento, la criminalización, el encarcelamiento masivo, las carencias estructurales y la violencia que padecen cientos de comunidades del mundo, frente a la política punitiva de drogas en diferentes países. Pese a que no es del agrado de muchos, las organizaciones de la sociedad civil ocupan un lugar preponderante en Naciones Unidas. Son quienes dan a conocer información que contrasta la entregada por los gobiernos. Son aquellas que construyen puentes entre las comunidades afectadas y las agencias de la ONU, ya que la mayoría de los gobiernos se rehúsan a implementar políticas públicas que protejan los derechos humanos de todas y todos.

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