Organizaciones de la sociedad civil jugaron un papel importante en la 43 sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se llevó a cabo en Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de Junio de 2013. El encuentro anual reunió a los ministros de asuntos exteriores del hemisferio, a cientos de delegados y a representantes de la sociedad civil de todo el contiennte. Mientras que el debate privado entre los oficiales de gobierno se centró casi exclusivamente en los puntos clave por resolver en la declaración final « Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas »  - sobre si celebrar o no una sesión especial de la Asamblea General centrada en temas de políticas de drogas- un grupo diverso de representantes de la sociedad civil debatieron un gran abanico de temas, agrupados en tres categorías: desafíos para la salud pública, para la seguridad pública y para la democracia y el acceso a la justicia. Juntos, esbozaron una declaración que fue presentada en un diálogo con los jefes de las delegaciones y con el Secretaria General de la OEA y el asistente del Secretario General.  Además, representantes de la sociedad civil, sindicatos, sector privado y otros sectores sociales también participaron.

En pasadas reuniones de la Asamblea General de la OEA, los esfuerzos de la sociedad civil fueron frustrados por desacuerdos y divisiones internas. El proceso en si mismo es de alguna manera caótico, dado el abanico de actores e intereses representados. Sin embargo, la sección de política de drogas de la declaración final de la sociedad civil establece una serie de políticas alternativas basadas en la salud pública, la reducción de daños y los derechos humanos. Llama, entre otras recomendaciones, a la descriminalización del consumo, la proporcionalidad de las penas y la experimentación con modelos de mercados de droga regulados, comenzando por el cannabis.

Al igual que en los esfuerzos de la sociedad civil, más allá de 2008, las organizaciones de la sociedad civil mostraron su habilidad para trabajar constructivamente y superar las divisiones internas sobre la base de objetivos comunes y la búsqueda de políticas de drogas más efectivas y basadas en derechos. Además, gracias a la campaña lanzada por Avaaz, ciudadanos de alrededor de la región tuvieron también la oportunidad de ser escuchados en Antigua. El representante de Avaaz Pedro Vieira Abramovay present una petición al president guatemalteco Otto Pérez Molina, firmado por más de 200,000 personas alrededor de las Américas y urgiendo a la OEA a apoyar “un nuevo y radical enfoque de las políticas de drogas”

Es preciso destacar, la sinergia desarrollada entre las organizaciones de derechos humanos y las de políticas de drogas. Los grupos de derechos humanos comenzaron la promoción y la protección de los derechos humanos en la declaración final de la sociedad civil con doce puntos sobre los vínculos entre políticas de drogas y derechos humanos. Una carta a los presidentes sobre este tema fue firmada por 50 organizaciones de derechos humanos y grupos de políticas de drogas, enfatizando en la urgencia de situar la defensa de los derechos humanos en el centro del debate sobre políticas de drogas en las Américas. Más de  160 organizciones de la sociedad civil de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y los Estados Unidos, enviaron una carta abierta a la Asamblea General de la OEA, llamando a alternativas en la « guerra a las drogas » que garanticen el respeto por los derechos humanos. Especialmente importante resulta la declaración difundida por Human Rights Watch llamando a la despenalización de luso personal de drogas ya la revisión de las convenciones sobre drogas cuando resulte necesario. Para asegurar que no se desalienta a los gobiernos de adoptar políticas que reducen el costo humano del enfoque actual. El reto para la comunidad de derechos humanos y de ONG sobre políticas de drogas es profundizar en la colaboración iniciada en Antigua.