El Gobierno de Uruguay envió el 8 de agosto al Parlamento un proyecto de ley para despenalizar la marihuana y controlar la producción, distribución y comercialización de la misma.

Para su estudio, ahora será enviado a la comisión especial de drogas y adicciones con fines legislativos.

El proyecto de ley, de un solo artículo, se enmarca en la preocupación del gobierno uruguayo por el aumento de la delincuencia y la violencia en general y destaca el objetivo de reducir los riesgos y daños potenciales en los que incurren aquellas personas que la usan con fines recreativos o medicinales, “o los que por tener que abastecerse en el mercado ilegal, se ven necesariamente involucrados en actividades delictivas y en prácticas con alto riesgo”.

El escueto texto presentado otorga al estado la potestad de ejercer el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier titulo, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación, pero nada habla sobre el plan maestro del gobierno para el acceso regulado al cannabis.

Desde el Poder Ejecutivo se dice que la intención es que la reglamentación del proyecto provenga de la discusión parlamentaria.

Esto ha movilizado a la sociedad civil que ha instalado varios ámbitos de discusión donde se elaboran insumos de debate con el fin de que tanto el autocultivo como los clubes de cannabis sean incluidos en la reglamentación final.

Según declaraciones del secretario de la Junta Nacional de Drogas; Julio Calzada el cannabis  se distribuiría en estancos y/o clubes abastecidos por cultivos que podrían ser hechos por privados bajo un sistema de licencias; lo que nos hace pensar que el estado uruguayo ha evolucionado su idea inicial de hacerse cargo de la producción y distribución.

El mayor desafío para el Estado uruguayo parece ser los controles. Resulta prioritario para ellos evitar que el cannabis que se producirá en forma legal no termine en el mercado negro local ni regional.

Consideramos que si encontramos una manera de que el estado ejerza esos controles sin vulnerar la privacidad de los ciudadanos ni sus libertades individuales estaríamos muy cerca de legalizar tanto el autocultivo como los clubes sociales de cannabis.

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