Por Alison Spedding Pallet / Transnational Institute

No fue casualidad que fuera el gobierno de México que haya rescatado a Evo Morales después de su renuncia intempestiva a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre 2019, pues el PRI fue durante sesenta años lo que el MAS aspiraba – y aún aspira – a ser, un partido único fusionado con todas las organizaciones sociales. Un modelo más cerca a la casa es el MNR en sus primeros gobiernos desde 1952, no obstante el habitual desprecio para ese periodo que suelen expresar indianistas y izquierdosos por igual. En su primera, y en gran parte también la segunda, gestión, no era necesario maniobrar para procurar que el actuar de las dirigencias sean alineado con el MAS, y la gente salía de buena gana a las concentraciones, entregas de obras y demás donde Evo se hacía presente (al menos hasta que nos hemos aburrido de verle tantas veces y en todo lugar). Fue en el curso de la tercera gestión, a partir de 2015, cuando postuló a la reelección amparado en el argumento chicanero que, aunque la Constitución Política del Estado reformado por el MAS sólo admite dos gestiones presidenciales sucesivas, es decir, una sola re elección consecutiva, ésta era justamente su primer intento de re elección, porque la primera ocurrió en la entonces República de Bolivia, a todas luces otro país distinto y cuyos usos por tanto eran irrelevantes.1 En ese entonces, e incluso en el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la opción a la re postulación indefinida a la presidencia y vicepresidencia perdió por un escaso margen, los yungueños seguían apoyando al MAS. La cisma empezó con los conflictos alrededor de la Ley 906, Ley de la Coca, que eventualmente fue aprobado el 8 de marzo 2017.

De hecho, desde 2002 los gobiernos sucesivos vinieron debatiendo la separación de la Ley 1008 de Coca y Sustancias Controladas (1988) en dos cuerpos, apartando el Régimen de la Coca para darlo el estatus de una ley independiente. Evo Morales, entonces dirigente de las seis Federaciones del Chapare y diputado, tuvo reuniones con Gonzalo Sánchez de Lozada sobre el tema antes de que éste renuncie. En 2004 Carlos Mesa, en una típica expresión de las políticas zigzagueantes e improvisadas de su presidencia interina, aprobó la demanda largamente exigida por los cocaleros del Chapare, la legalización de un cato (40 metros por 40 metros) de coca para cada afiliado sindical, hasta una extensión total máxima de 3.000 Ha. Este límite tendría que haber sido revisado a un año de la emisión de ese decreto, pero no fue reconsiderado hasta a principios de 2017 la ley finalmente entró a consideración de la Asamblea Plurinacional, después de años durante los cuales era más útil como un fútbol político con que distraer a las organizaciones interesadas para que pasaran su tiempo elaborando diversas propuestas de ley sobre la coca, en el cual los yungueños también participaron difundiendo su propio proyecto en su región. La versión resultando de los Yungas fue presentada ostentosamente al parlamento nacional por Franclin Gutiérrez, el entonces Presidente de ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores de Coca) en diciembre 2016. Los abogados yungueños que colaboraron en preparar el proyecto, y los dirigentes yungueños en general, carecían de información o contactos sobre los procedimientos legislativos como para presentarlo en ese mes, pues a cada fin de año se cierra la gestión legislativa y todo proyecto que no haya sido tratado es descartado. Tiene que ser presentado de nuevo en el siguiente año si se quiere seguir con la propuesta. Y es más: para entrar en el orden del día, un proyecto de ley tiene que ser presentado por algún miembro de una de las cámaras, sin importar si es senador o diputado. Pero ADEPCOCA presentó su proyecto en forma de correspondencia. Habrían pensado que el parlamento procede tal como en el sindicalismo agrario, cuando toda reunión siempre se inicia con control de asistencia seguido por lectura del acta anterior y correspondencia. Así habrían pensado que su proyecto sería leído antes del oficialista (quizás un indicio de cierta comprensión confusa del procedimiento, porque es cierto que los proyectos a ser tratados entran en el orden del día según su orden de llegada). Pero en la Asamblea Plurinacional no se lee la correspondencia y punto. El único proyecto de ley que entró a ser debatido era el del MAS.

Aún así, el gobierno, en una actitud que pronto iba a cambiar, se mostró dispuesto a negociar con los yungueños sobre el contenido de la ley. El principal tema de disensión concreta era la cuestión de la cantidad de hectáreas de coca que iban a ser permitidas y su ubicación geográfica, además de los tópicos de valor simbólico de las denominaciones de las zonas en cuestión. La Ley 1008 estableció 12.000 Ha como límite de los cultivos legales de coca, en base al estudio de Carter y Mamani realizado a fines de los años 1970. El estudio a nivel nacional, publicado por CONALTID en 2013, sobre la demanda de hoja de coca para fines de consumo legal (básicamente la masticación, más cantidades reducidas incluidas en ofrendas rituales, usadas medicinalmente o ‘industrializadas’ como mate, pomadas, etc.) había establecido una extensión de unas 14.000 Ha como suficiente, pero el gobierno del MAS vino declarando que los cultivos legales deberían alcanzar 20.000 Ha, 13.000 Ha para el departamento de La Paz (a su vez distribuidas entre Nor y Sud Yungas, Inquisivi, Caranavi y Apolo) y 7.000 Ha para el departamento de Cochabamba. Si la Ley 1008 divide las zonas de cultivo entre ‘tradicionales’, ‘excedentaria en transición’ y ‘ilegales’ (todo el resto del país fuera de las zonas especificadas), la Ley 906 reemplaza esto con ‘zonas autorizadas’, donde el cultivo es legal aunque con límites, y el resto del territorio nacional donde el cultivo de coca es ilegal y puede ser erradicado sin más. Dentro de esto hay la zona ‘original y ancestral’, ‘original y ancestral bajo registro y catastro’, y ‘bajo registro y catastro’.

Los yungueños objetaron que la denominación de zonas autorizadas les metió “en una misma bolsa” con las zonas excedentarias, como insistían en referir al Chapare, argumentando que su coca es la preferida sobre todo para la masticación que es el principal uso tradicional y esto no es el caso de la hoja del Chapare, donde la mayor parte va al narcotráfico. Bajo la Ley 1008 el Chapare contaba como excedentaria en transición, es decir, donde la coca tenía que ir eliminándose para ser reemplazado por los productos de desarrollo alternativo. Expresaron que no se debería legalizar ninguna extensión en Cochabamba, excepto tal vez una mínima para los ‘tradicionales’ Yungas de Vandiola2 (que han quedado aislados y despoblados y ni siquiera se conoce bien sus límites). El MAS consideraba que la 906 beneficia a la zona tradicional de los Yungas, porque es la única no sujeto a registro y catastro y sin límite al cultivo, es decir, pueden plantar tanto coca como quieren y mantenerlo ‘de por vida’ como repetían los pliegos petitorios yungueños, pero esto es poco significativo porque estas zonas densamente pobladas ya han alcanzado su frontera agrícola. Se movilizaron el 17 de febrero de 2017 con un intento de cercar la Plaza Murillo,3 medida que dio resultados cuando lo aplicaron los Ponchos Rojos de Achacachi4 pocos meses antes. Pero esta vez el gobierno no admitió la protesta, sino les expulsó de las calles alrededor de la plaza en un asalta policial nocturno con la ayuda del carro Neptuno.5 Se replegaron al Mercado de la Coca en Villa Fátima y de ahí salieron a marchar por la ciudad, siendo reprimidos por la policía con gasificadas intensas y muchos arrestos. La gente comentaba que durante décadas no les había reprimido con tanta fuerza y decisión, aunque aún no fue percibido como señal de que el gobierno había cambiado de orientación. Aplicando amenazas como de procesar a todos los arrestados y eliminar a ADEPCOCA de la ley, el gobierno consiguió que los cocaleros aceptasen un aumento de hectáreas a 14.300 para La Paz – y a 7.700 Ha para el Chapare, quienes así lograron un beneficio adicional sin haberse movido – a cambiar de aceptar el resto de la ley tal cual, con lo que soltaron a los detenidos. Las bases criticaron a sus dirigentes por haber aceptado el acuerdo y se dispersaron amargados y decepcionados.