Por Matthias von Hein / DW

Me gustaría invitarlo a un ejercicio mental acerca del sentido y el sinsentido de la prohibición del cannabis. Imagínese que va a comprar alcohol a un supermercado, pero allí solo hay estantes con botellas vacías, sin etiquetar. En el mejor de los casos, las formas de las botellas y el color de los líquidos indican qué hay dentro. Tal vez se trate de un whisky de 20 años de antigüedad, o tal vez de una cerveza rancia, o incluso una bebida casera con alto porcentaje de alcohol que puede provocar ceguera. Además, el supermercado está ubicado en uno de los lugares más oscuros y peligrosos de la ciudad.

Es evidente que esta forma de comercialización no le sirve a nadie, ni a la salud de la comunidad, ni a la protección de los jóvenes en particular. Pero algo similar pasa con la situación de los consumidores de cannabis. Según encuestas, en Alemania cerca de una de cada tres personas ha consumido drogas ilegales al menos una vez en su vida, y el cannabis es, por mucho, la más ampliamente difundida. Sin embargo, durante mucho tiempo, una legislación obsoleta ha obligado a cualquiera que quiera fumar marihuana a comprar suministros en un mercado negro criminal y opaco: cero control sobre la calidad, sobre el contenido de ingredientes activos, mezclas y excipientes, mientras que el crimen organizado se ceba con las ventas.

La guerra contra las drogas es una guerra contra los consumidores

A eso se suma la amenaza de penalización. Y que esa no es una amenaza vacía lo demuestra el último informe sobre los delitos relacionados con drogas de la Oficina Alemana de Investigación Criminal. De alrededor de 400.000 delitos registrados vinculados con drogas, un 75 por ciento son "delitos relacionados con el consumo”. Esas cifras muestran por sí solas que la guerra contra las drogas en Alemania es, sobre todo, una guerra contra los consumidores de drogas. Una guerra con considerables daños colaterales que no se puede ganar. Lo absurdo del objetivo de una sociedad libre de drogas se demuestra por el hecho de que las drogas están disponibles incluso en los países totalitarios, o en las cárceles. Los argumentos de la política de prohibición suenan como si los responsables políticos de la salud pública confiaran únicamente en la abstinencia en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones por el VIH. Esa es, sin duda, la mejor protección contra las infecciones. Pero casi nadie quiere vivir sin actividad sexual. La educación y la distribución de condones aportan más en ese sentido.