Por Semana

Con la firma del presidente Iván Duque al decreto que reglamenta la aspersión con glifosato para combatir los cultivos de usos ilícito, ya es solo un asunto de trámite para que la fumigación entre a operar nuevamente en el país. Esta era una prioridad para el gobierno, casi una obsesión. Sin embargo, las demandas que se interpusieron por los riesgos que representa el glifosato, tenía frenado ante la Corte Constitucional cualquier intento de fumigación hasta tanto no se cumplieran unas condiciones de seguridad para la vida, la salud y el medio ambiente.

Varios intentos ha hecho el Gobierno para poder retomar la aspersión, pero en todos a fracasado, y aunque la tendencia creciente de hectáreas cultivadas con mata de coca se quebró, eran muy pocos los avances que se lograban en cuanto a la disminución, pues peses a que el año pasado fueron erradicadas cerca de 130 mil hectáreas, la resiembra ha hecho que la reducción sea casi nula.

Firmado el decreto, es cuestión de días para que los aviones cargados de glifosato empiecen con la aspersión, y con ellos los reclamos de las comunidades, ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, y críticos de la medida, que, como ha ocurrido en el pasado, acudirán a los tribunales para intentar frenar la fumigación. Incluso se esperan las denominadas “tutelatones”, pero el Gobierno, con otro decreto, ya parece haber establecido el blindaje.