En día pasados siete relatores especiales de las Naciones Unidas hicieron pública una carta que remitieron al Gobierno de Colombia, y en la que le piden a Iván Duque y al Congreso de la República que rechacen la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) por los riesgos que tiene para los derechos humanos y el medio ambiente.

La carta fue enviada luego de que, desde la sociedad civil, pidiéramos que los relatores activaran este mecanismo y contribuyeran así a contener los insistentes anuncios del Gobierno sobre la posible reanudación del PECIG. Esto, pese a que existen suficientes argumentos técnicos y jurídicos para no hacerlo. 

A su turno, varios medios de comunicación dieron a conocer la carta de respuesta del Gobierno colombiano a los relatores. En ella, el Gobierno omitió pronunciarse sobre el contenido de las preocupaciones y la evidencia presentada por los relatores, y se negó a presentar la información adicional que éstos le solicitan.

Desde Dejusticia y otras 19 organizaciones campesinas, ambientales, de derechos humanos y de reforma a la política de drogas de Colombia, Noruega, Hungría, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, decidimos pronunciarnos sobre la desafortunada respuesta del Gobierno.