De ICEERS

En el Estado español hay dos realidades confrontadas respecto al cannabis: el prohibicionismo y su persecución penal asociada en el plano legislativo, y una tendencia de auto-regulación y normalización en el plano social. Esta divergencia está causando mucho sufrimiento innecesario a personas que consumen cannabis y entre sus comunidades y redes cercanas. Con este artículo queremos alertar de la creciente sucesión de condenas judiciales muy duras contra personas que han luchado en primera línea de fuego por los derechos del colectivo.

Actualmente el consumo del cannabis en entornos privados es legal, así como su cultivo, que no puede superar una cantidad determinada para el consumo del propietario/a y que además no puede ser visible desde la vía pública (Ley Orgánica 4/2015). Las limitaciones actuales para la obtención del cannabis chocan con un plano social donde es la sustancia declarada ilícita más consolidada en cuanto a consumo, tanto por motivos recreativos como terapéuticos. Según datos del PNSD, casi un millón de personas usan cannabis cada día.

El conflicto surge ya que al ser difícil abastecerse de cannabis mediante una vía lícita (por no tener conocimientos para plantar o no disponer de las herramientas, espacio o el tiempo necesario para hacerlo) muchas personas consumidoras quedan desamparadas y se ven obligadas a recurrir al mercado informal. Las consecuencias de recurrir a esa vía son diversas y van desde la falta de información sobre la calidad de lo que se consume (variedad genética, niveles de THC o CBD, potenciales contaminantes, metales pesados, etc.) y, por lo tanto, la potencial peligrosidad del producto para la salud, hasta el hecho de estar contribuyendo a la financiación de redes que sustentan el narcotráfico y su violencia asociada. También, son consecuencias las sanciones administrativas a las que pueden enfrentarse tanto quienes venden como quienes compran. Concretamente, según el Informe sobre Drogas de 2018 en España 8 de cada 10 infracciones sobre drogas están asociadas al cannabis. Y, como se ha denunciado, se han visto sanciones de 10.401 euros por portar menos de dos gramos de cannabis en el bolsillo del pantalón (Brotsanbert, 05/09/2019).

Asociaciones cannábicas y Clubes Sociales de Cannabis

Ante esta realidad, desde la sociedad civil han surgido distintas iniciativas para el autoabastecimiento de cannabis desvinculándose del mercado informal. En España han tomado forma de Clubes Sociales de Cannabis (CSC en adelante) que son asociaciones cannábicas de personas consumidoras que por medio del auto-cultivo colectivo abastecen a sus miembros de cannabis y derivados. Estos clubes, por medio de sus representantes, han intentado impulsar regulaciones de su actividad por la vía legislativa en diferentes ocasiones (por ejemplo, la Ley Foral 24/2014 en Navarra, Ley 1/2016 en Euskadi, y Ley 13/2017 en Catalunya) pero casi todas han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional.

Y, aunque este desencuentro entre la legislación vigente y la tendencia social viene siendo obvio desde hace tiempo, la inmovilidad de los poderes del Estado frente al avance que ha experimentado el plano social ha provocado una situación de desamparo legal para los CSC que, en su intento por proponer alternativas lícitas y acudir a la Administración pública han sido tratados como traficantes de drogas por el Tribunal Supremo, enfrentándose a sanciones económicas inabarcables y largas condenas de prisión.

En este trabajo pretendemos dar a conocer las graves consecuencias derivadas de sufrir una persecución legal en relación al cannabis o por la vinculación a Clubes Sociales de Cannabis, desde los estragos a nivel económico, las consecuencias y los perjuicios sociales hasta el impacto a nivel personal, con la intención de abrir el debate en torno a esta problemática e impulsar los cambios legislativos necesarios.

En este trabajo pretendemos dar a conocer las graves consecuencias derivadas de sufrir una persecución legal en relación al cannabis o por la vinculación a Clubes Sociales de Cannabis, desde los estragos a nivel económico, las consecuencias y los perjuicios sociales hasta el impacto a nivel personal, con la intención de abrir el debate en torno a esta problemática e impulsar los cambios legislativos necesarios.

Tres testimonios de asociaciones cannábicas perseguidas por la ley

Plasmamos la realidad de tres personas involucradas en la lucha por el cambio de leyes que han sufrido de primera mano las consecuencias de la justicia española. Los tres entrevistados son activistas cannábicos, forman o han formado parte de movimientos por la regulación y han sido la cara visible de los mismos, lo que —probablemente— ha contribuido a su situación de persecución legal.

Ángel, el primer entrevistado, es activista cannábico desde sus 16 años. Su relación con el cannabis y el asociacionismo empezó con la idea de colectivizar un derecho que ya era individual: el derecho del consumo. Su estrecha relación con el mundo del cannabis y su activismo le llevaron a formar parte de la junta directiva de un Club Social de Cannabis, así como a participar activamente en la redacción de la Ley catalana 13/2017 (que posteriormente fue tumbada por el Tribunal Constitucional). Su persecución penal empezó en 2013.

José es también activista cannábico desde joven y su compromiso se ha ido incrementando con los años, convirtiéndose para él tanto en una lucha social como en su ámbito profesional. José forma parte de un colectivo al que se le han imputado nueve delitos por causas distintas (han sufrido nueve intervenciones en sus sedes o en sus cultivos) en un espacio de entre ocho y nueve años aproximadamente. La última sentencia (aunque no es firme todavía) fue recibida en enero de 2020 y condena al acusado a más de cinco años de prisión, además de multas astronómicas.

Finalmente Albert, quien también ha jugado un papel relevante en el activismo cannábico, miembro de la junta directiva de un popular CSC que, aunque se adhería a las bases establecidas en las distintas leyes y estatutos, recientemente ha recibido una pena de cárcel en sentencia firme y, por lo tanto, de cumplimiento inminente. Ha tenido seis juicios desde 2012 y, a pesar de todas las alegaciones y su situación personal, se espera su entrada en prisión en breve.

Consecuencias de la persecución

Empezando por las consecuencias económicas que conlleva sufrir una persecución de este tipo, se incluyen las propias de la sanción (en el caso de que se imponga) y las del costo del proceso. Las sanciones económicas que se imponen en sentencia suelen ser de grandes cantidades, esto es debido a la naturaleza del delito que se juzga: delitos de asociación ilícita y contra la salud pública y, en algún caso, por blanqueo de capitales.

En estos delitos se entiende que la sanción económica debe sufragar los beneficios que se hayan obtenido del delito, que en este caso es el «tráfico de drogas», un negocio que resulta muy lucrativo si se realiza con este ánimo. Sin embargo, en los casos analizados, los negocios actuaban sin ánimo de lucro. Por tanto, los beneficios se reinvertían en otros proyectos o en la propia asociación, lo cual deja a los acusados sin los recursos necesarios para afrontarlas.