Por Reverendo Martin Díaz 

La diversificación de las actividades de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) en el Triángulo Norte ha llevado a los actores internacionales a comprenderla como parte y consecuencia de la debilidad de los Estados de esta región centroamericana. A ello se les suman los altos índices de impunidad, las fuerzas de seguridad corruptas e ineficientes, los altísimos índices de pobreza y una cultura de violencia impuesta, entre otros actores, por la clase política y los medios de comunicación que no permiten que los procesos de desarrollo, seguridad y gobernabilidad sean efectivos. Esto ha desencadenado una serie de acontecimientos que deberían motivar a la civilidad y a los políticos responsables a promover y elaborar políticas públicas eficientes.

Es vertiginosamente indispensable que esta retórica se consolide mediante cambios concretos en las políticas, leyes y prácticas en materia de drogas. Desde la creación de la Comisión Nacional Antidrogas (CNA), en 2003, la misma ha demostrado continuamente ser poco rigurosa e ineficaz. La evidencia académica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas ha estado al alcance de las autoridades. Sin embargo, han decidido, por complicidad o negligencia, ignorar las evidencias que prueban que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de salud pública y de derechos humanos.

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