Por María Eugenia D´Agostino, Intercambios

El debate en Latinoamérica respecto de las políticas de drogas está rondando desde hace ya un tiempo con fuertes cuestionamientos al enfoque prohibicionista. Desde el 2012, cuando en la Cumbre de las Américas los mandatarios de la región alertaron sobre esta necesidad de reforma, se han producido diferentes “hitos”, que nos mantienen expectantes a quienes trabajamos en políticas de drogas.

El Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas presentado en mayo de 2013 por el Secretario General de la OEA que propone un nuevo abordaje poniendo sobre la mesa temas como la despenalización y la reducción de daños, y el desarrollo de la 43ra Asamblea General en junio de 2013, cuyo tema central fueron las políticas de drogas en el continente, y en la cual los Estados miembros instaron a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria dedicada exclusivamente a esta temática, dejaron la sensación de un 2014 promisorio; un 2014 que nos encontró alertas, con la impresión de que hay nuevos aires y voluntad de cambio.

A ello se le debe sumar la histórica iniciativa uruguaya de regulación estatal del mercado del cannabis, el indulto a una gran cantidad de personas condenadas por el delito de transportar pequeñas cantidades de drogas (comúnmente llamadas “mulas”) en Ecuador y los distintos debates en torno a la no criminalización de las personas que usan drogas que se ha instalado en diversos rincones de Latinoamérica. A su vez, el hecho de que en el país que construyó el discurso hegemónico de las drogas, los Estados de Oregon y Alaska se hayan sumado a Colorado y Washington al desafiar las leyes federales y regular la producción y el consumo del cannabis, es sin duda otro hito para el continente. 

En este contexto, el 19 de septiembre pasado se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de la OEA. La resolución emanada de los Estados Miembros, producto de las discusiones que allí se desarrollaron, tiene sin duda aspectos positivos y la conclusión de que las políticas de drogas necesitan ser mejoradas. Pero también dejó deudas pendientes. En primer lugar, si bien la resolución plantea la necesidad de poner en el centro del debate a las personas que usan drogas con el fin de evitar su marginalización, estigmatización y discriminación, no menciona la despenalización de la tenencia para consumo personal, cuando es el sistema penal el generador y re-generador de esa marginalización, estigmatización y discriminación. Otra deuda pendiente es la omisión de las políticas de reducción de riesgos y daños como una estrategia para reducir los niveles de violencia generados por las actuales políticas de drogas en la región. 

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