Por: Katya Pinedo y Jérôme Mangelinckx

La realidad de los y las burriers detenidos en el Perú es muy dura. Si bien algunos deciden transportar drogas por razones económicas, otros han sido utilizados y/o amenazados. Los burriers son actores fácilmente intercambiables y representan los últimos eslabones de la cadena del  tráfico de drogas; por ende, su detención no afecta la dinámica del tráfico. Sí tiene un impacto sobre la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento y los costos asociados a su internamiento.

La privación de la libertad no es el único castigo que sufren los internos extranjeros en los penales del Perú. Muchos no hablan el idioma español, no tienen contacto o apoyo de sus familias y embajadas y, sobre todo, desconocen el sistema penal peruano, que dependiendo del lugar es o no reformado. Éste prevé penas muy severas para las personas involucradas en delitos de drogas, sin distinción ni guardando proporcionalidad; sin embargo, en la experiencia del Consultorio Jurídico del Centro de Investigación Drogas y DDHH (CIDDH), observamos que la gran mayoría de personas detenidas por tráfico ilícito de drogas no son grandes criminales y, según el INPE, no tienden a reincidir.

Nuestro Consultorio Jurídico brinda apoyo legal a mujeres detenidas por delitos de drogas ya que 6 de cada 10 mujeres internadas lo están por este tipo de delito. Noelia, de 28 años, es una de ellas. Esta colombiana fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez con un kilo de cocaína en cápsulas que había ingerido. Fue sentenciada a una pena de 7 años e internada en el penal de Ancón II, en las afueras de la capital. Solicitó el apoyo legal del CIDDH en defensa de su beneficio penitenciario ante un Juzgado Penal del Callao.

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