“Tiene que ser un debate inclusivo, sin tabúes y global”, señaló el secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, durante la disertación sobre Regulación controlada del mercado de la marihuana a una semana de la aprobación de la ley uruguaya.

El funcionario especificó que la ley “tiene que ver con la tradición uruguaya en política de drogas”, ya que de 1974 data la ley que no criminaliza el consumo personal de marihuana en ese país. Lo que acontecía es que a pesar de la existencia de esa norma “se generaba una incongruencia al penalizar lo que la gente hacía para llevar a cabo ese acto que no estaba penado”, es decir, la adquisición del producto.

Ese contexto promovía “que los usuarios de drogas en general fueran considerados como criminales y no se visualizaba el aspecto de la salud de la persona”. La nueva ley “garantiza derechos” y hace foco en la mirada sanitaria para ir deconstruyendo esa imagen de “un sistema sanitario que no ve bien a los usuarios y usuarios que no ven bien al sistema sanitario”.

Durante la charla esta mañana en la embajada uruguaya, Calzada indicó que con esta ley se “contribuye significativamente a desarticular a las organizaciones criminales”. Si se compara Uruguay con el resto de la región, donde se estima que la tasa de criminalidad es de 23 muertes por cada cien mil habitantes, los índices del país vecino parecen irrisorios.

No obstante, las estadísticas demostraban que en 2010 se produjeron 5 muertes violentas cada 100 mil habitantes, “pero entre 2008 y 2012 pasamos de 5 a 7 muertos por delitos violentos. Fue un crecimiento del 30 por ciento de muertes vinculadas al narcotráfico, a la disputa de territorios, de organizaciones pequeñas que empiezan a controlar zonas y eso termina cuando en 2012 mueren 82 personas producto de ajustes de cuentas o por encargo”, enfatizó el secretario.

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