Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra derechos humanos fundamentales, señaló este 4 de junio Human Rights Watch. A fin de disuadir el consumo nocivo de drogas, los gobiernos deberían aplicar, en cambio, políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal.

Los gobiernos deberían además adoptar medidas destinadas a reducir las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas, observó Human Rights Watch.

Las convenciones internacionales sobre drogas deben ser interpretadas y, cuando sea necesario, reformadas de modo tal de asegurar que, como consecuencia de ellas, los gobiernos no se vean impedidos ni desistan de adoptar políticas que puedan permitirles reducir las consecuencias negativas de las políticas actuales sobre drogas para los derechos humanos, indicó Human Rights Watch.

Human Rights Watch lanzó su comunicado en el contexto de la 43.ºAsamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de junio de 2013, enfocada en las políticas sobre control de drogas en América.

Lea aquí el artículo completo.

Suscríbase a las Alertas mensuales del IDPC para recibir información sobre cuestiones relacionadas con políticas sobre drogas.