Penal Reform International examina la situación de las personas encarceladas alrededor del mundo, notando que la población carcelaria aumenta al tiempo que las tasas de criminalidad caen.
IDPC, WOLA, CIM y Dejusticia publican una serie de publicaciones para compartir ejemplos de enfoques innovadores que incorporan una perspectiva de género y los principios de salud pública y derechos humanos a las políticas de drogas.
DeBeck et al. confirman que la penalización del consumo de drogas afecta de manera negativa a la prevención y el tratamiento del VIH, y ofrecen pruebas objetivas para contrarrestar este fenómeno.
La Coalición Canadiense de Políticas sobre Drogas presenta seis recomendaciones que debería aplicar el Gobierno federal para limitar los daños relacionados con las drogas.
Human Rights Watch analiza la crisis de los opioides en los Estados Unidos, repasando sus orígenes y planteando posibles soluciones basadas en la reducción de daños y los derechos humanos.
El IDPC y PRI examinan el documento final de la UNGASS y las posibilidades sin precedentes que ofrece para promover la reforma de la justicia penal y otras opciones en materia de políticas de drogas basadas en principios fundamentales de las Naciones Unidas.
La OMS explica que en los países de ingresos bajos y medianos no se ha prestado la atención suficiente al acceso a los medicamentos para luchar contra enfermedades no transmisibles.
Khalid Tinasti, Ann Fordham y David Bewley-Taylor se preguntan cómo influirá el nuevo liderazgo de la OMS y el PNUD sobre las posiciones de estos organismos con respecto a las políticas de drogas y la reducción de daños.
RAND Europe analiza las dimensiones y el alcance del comercio de drogas facilitado por internet, prestando una especial atención a los Países Bajos, y plantea posibles opciones para promover las actividades de detección e intervención por parte de las autoridades policiales.
Estadísticas Sanitarias Mundiales, una publicación de la OMS, representa un primer esfuerzo por reunir los datos disponibles sobre el objetivo de desarrollo sostenible relativo a la salud y los indicadores en este ámbito.
Shanahan et al. demuestran que no existe una diferencia en el uso de cannabis entre los grupos condenados y los grupos amonestados, pero los sistemas de amonestaciones son notablemente más baratos.
