RAND analiza las medidas que se pueden adoptar para responder a los delitos relacionados con drogas en la UE. Entre estas, se encuentran medidas no intervencionistas y basadas en la rehabilitación (que eluden las acusaciones y los procesos judiciales), así como aquellas que se utilizan en lugar de la prisión u otro tipo de castigos.
En un momento en que cinco estados están a punto de votar si legalizan el cannabis, The Drug Policy Alliance analiza las repercusiones de la legalización en Colorado, Washington, Oregón y Alaska. El informe observa una drástica reducción de las detenciones y las condenas relacionadas con la marihuana, así como un incremento de los ingresos fiscales.
La revista DrugScience publica el primer informe científico sobre el cannabis en más de 80 años. El informe, una evaluación previa para el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud (ECDD), podría dar lugar a que se replanteara la prohibición del cannabis a escala mundial.
Un estudio de la Universidad de Alabama investiga el efecto que provocan las imágenes de la campaña ‘Faces of Meth’ entre las personas que usan metanfetaminas y concluye que “la representación excesivamente estigmatizante de los usuarios podría actuar como obstáculo para desalentar el uso”.
La organización Mainline examina la terapia de sustitución de opioides en los Países Bajos y llega a la conclusión de que, pese a la amplia disponibilidad, su plena aplicación requiere una mayor claridad jurídica.
El Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL) analiza las lecciones que dejó la UNGASS para America Latina y propone estrategias para catalizar la innovación en políticas de drogas en la region
Este informe de IDPC, producido por Julián Wilches, analiza los factores que permitieron contar con una posición suramericana de cara a la UNGASS de 2016, explorando las principales convergencias y divergencias, así como los retos que podrían derivar para la región en este sentido.
Amnesty International ha encontrado que la tortura continúa siendo alarmantemente común, y dedica una sección del informe a la difícil situación de las personas de las quien se sospecha consumen drogas.
La resolución del Parlamento Europeo insta al Gobierno de las Filipinas a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales con respecto al control de las drogas y los derechos humanos.
