La evaluación regional de la EHRA concluye que la mayoría de los sistemas sanitarios no están preparados para atender las necesidades de personas que consumen drogas, y recomienda cambios en las políticas, la orientación profesional y el apoyo comunitario para paliar estas deficiencias.
La Coalición Internacional para la Reforma de Políticas de Drogas y la Justicia Ambiental arroja luz sobre cómo la prohibición mundial de las drogas alimenta el crimen organizado, la corrupción y la devastación ambiental, e invoca una colaboración más estrecha entre los movimientos ecologistas y de políticas referidas a drogas.
Drug Policy Alliance plantea principios para orientar a gestores de políticas en el desarrollo de alternativas a las respuestas policiales, centradas en la persona y en la reducción de daños.
WOLA analiza la crisis del mercado de la coca en Colombia, explorando sus múltiples causas potenciales e instando a las autoridades a aprovechar la oportunidad para proporcionar ayuda humanitaria, mejoras en gobernanza civil y vías para el desarrollo económico.
Metzineres facilita el conocimiento de los derechos que amparan a las personas usuarias de drogas y ofrece herramientas para encarar determinadas actuaciones policiales y judiciales.
ABD y Energy Control ofrecen información al tiempo que contrarrestan mitos y bulos sobre la supuesta llegada del fentanilo a los mercados de droga en España, un fenómeno sin asidero en la evidencia.
La Coalición Nacional de Reducción de Daños y el Colectivo de Aprendizaje Lighthouse cuestionan el estado de los sistemas de atención para las personas queer y trans usuarias de drogas y/o trabajadoras sexuales, reconociendo deficiencias y sugiriendo vías para reforzar el poder de las comunidades y mejorar el apoyo de las organizaciones de reducción de daños.
La INPUD presenta un conjunto de herramientas de buenas prácticas, centradas en intervenciones clave de reducción de daños, basadas en entrevistas con veinte activistas consumidores de drogas y especialistas en reducción de daños de diversos países.
IDPC, Amnistía Internacional, CDPE, HRI, DPA, Release y CELS aportan pruebas sobre el papel de las políticas de drogas como motor de la actuación policial y el encarcelamiento discriminatorios.
El IDPC e ICEERS sostienen que el derecho de los pueblos indígenas a cultivar, utilizar, poseer, curar y viajar con sus plantas ancestrales debe consagrarse como parte de un derecho a la salud libre de discriminación racial.
El IDPC, el CDPE, el Instituto RIA, el HRI y la Fundación Health[e] aportan datos y recomendaciones sobre la importancia de la descriminalización para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas.
La Coalición Canadiense sobre Políticas de Drogas ofrece información sobre prioridades basadas en valores y centradas en la implementación que centran el liderazgo de las personas usuarias de drogas en el desarrollo y la expansión de modelos de suministro seguro en Canadá.
