Se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, aprobada en abril de 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19. Este instrumento jurídico fue impulsado con la finalidad de proporcionar a las personas privadas de la libertad por ciertos delitos, la restitución de sus derechos al reconocer un ejercicio desproporcionado del derecho penal en perjuicio de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, exclusión, discriminación y otras interseccionalidades por las que están atravesadas. Es importante resaltar que, si bien la ley tiene un sentido de justicia social y se contempla dentro del proyecto de “pacificación” del país, su aprobación se aceleró para poder beneficiar a las personas privadas de la libertad que estuvieran en riesgo de contagiar- se de Covid-19. Sin embargo, ninguna persona se vio favorecida durante el primer año de la aprobación de la ley, aun en condiciones de emergencia.

En el informe Ley de Amnistía: Un año de simulación realizado por el Observatorio de Amnistías se advirtieron algunos obstáculos, omisiones y falta de operatividad de la ley que están relacionados con el alcance y las limitaciones que tiene desde su origen: sólo aplica para delitos del fuero federal y excluye aquellos que conllevan prisión preventiva oficiosa. También ha señalado la lentitud, falta de voluntad política y transparencia con que la Comisión de Amnistía y la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación desempeñaron sus funciones durante el primer año de su promulgación.