La persecución y criminalización de las personas que usan drogas han tenido un costo social incalculable en materia de vulneración de derechos humanos, violencia institucional, estigmatización social y recursos económicos direccionados a la criminalización selectiva en desmedro de los destinados a abordajes sensatos, sanitarios y humanitarios. Tales políticas no han evitado el aumento exponencial de los consumos, ni bajado los índices de criminalidad asociados a la disputa por el mercado ilegal de abastecimiento.

Analizar las consecuencias en materia penal, de seguridad, de salud pública, educativas, de vulneración de derechos o sus inmensos daños sociales, es algo que excede el objeto de este trabajo. Como contrapartida, aquí se pretende abordar un aspecto poco explorado de la denominada “guerra contra las drogas” en su versión local: el costo económico para el Estado. A tal fin, intentaremos aproximarnos de la forma más precisa posible, a cuántos recursos gasta el Estado Nacional en perseguir penalmente a personas que consumen drogas.

Cabe aclarar que, para el objeto, propósito y extensión de este trabajo, se analizará y abordará el tema en el marco de la esfera de competencia y acción del Ministerio Público Fiscal de la Nación. A tales conclusiones, habría que sumarle los costos derivados en la persecución en las jurisdicciones que adhirieron a la Ley de Desfederalización (N° 26.052), la cual facultó a las provincias a perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos vinculados al consumo y acciones relacionadas al aprovisionamiento para consumo personal.

Ello resulta de relevancia a los fines del presente informe, ya que alrededor de siete provincias han adherido a la ley, entre las que figuran dos de las mayores jurisdicciones del país -Buenos Aires y Córdoba-, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dimensionar esto, amerita resaltar que “La justicia federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba reúnen el 83% de lxs condenadxs por la ley 23.737”.

Por las limitaciones propias del análisis y la dificultad en el acceso a los datos sistematizados, en este trabajo no se abordarán esas jurisdicciones, sino que se relevará una aproximación a los costos a nivel de alcance nacional, arrojando un resultado conservador y parcial de la magnitud real del costo económico que significa la persecución de las personas que consumen drogas a nivel país.

En el futuro se procurará llevar a cabo una nueva investigación respecto a las provincias adheridas a dicha ley para, de esa manera, cuantificar y dimensionar de manera más precisa los enormes costos económicos que acarrea la persecución en cada jurisdicción y cómo ello se complementa con los datos a nivel federal que aportamos aquí.