La "Mano Dura": Los costos de la represión y los beneficios de la prevención para los jóvenes en América Latina

Por Robert Muggah, Juan Carlos Garzón y Manuela Suárez

Los enfoques que prometen ser “duros contra el delito” son atractivos para la opinión pública. Líderes autoritarios y populistas suelen usarlos, ya que suenan “moralmente justos” y orientados a la acción. Presidentes, gobernadores y alcaldes de la izquierda y la derecha a menudo están dispuestos a suspender los derechos y las libertades de los ciudadanos en nombre del “orden público”. De hecho, los ciudadanos con frecuencia dan la bienvenida a medidas de “mano dura”, bajo la promesa de que frenarán las tasas de criminalidad. Y es que los latinoamericanos tienen buenas razones para sentirse inseguros: la región registra las tasas de asesinatos y de victimización más altas del mundo.

Uno de los focos de la “mano dura” es la penalización de los más jóvenes, que son las víctimas y los perpetradores principales de la violencia en América Latina. Entre 2003 y 2014 en la región, 90% de todos los homicidios se concentraron en la población con edades entre los 15 y los 29 años. Lejos de ser considerados como actores principales para prevenir y reducir la violencia, y construir sociedades más pacíficas, los jóvenes son vistos como una “amenaza” que debe ser contenida.

A pesar de su inmensa popularidad, las intervenciones de “mano dura” rara vez son efectivas. Incluso bajo sus propios parámetros de éxito, este tipo de medidas a menudo no consiguen reducir los indicadores de inseguridad, bajar la impunidad, disuadir la ocurrencia de nuevos delitos o prevenir la reincidencia. Si bien estas medidas parecen proporcionar una acción decisiva por parte de políticos y jefes de policía, son económicamente ineficientes. Además, suelen tener consecuencias imprevistas, como la estigmatización la violación de los derechos de los jóvenes que viven en comunidades marginadas.

Una pregunta que a menudo es pasada por alto por los defensores de la “mano dura”, se relaciona con los resultados esperados: ¿Cuáles son los parámetros de éxito para prevenir y reducir el crimen? La respuesta parece obvia: reducir los delitos violentos y no violentos y restablecer la percepción pública de seguridad. Pero en la práctica, la respuesta tiene que ver menos con el bienestar público y más cola protección de los regímenes políticos y la apariencia de “orden público” para mantener su legitimidad.

Este documento, analiza las características de las medidas de “mano dura”, tomando como base lo ocurrido en los Estados Unidos y los países de América Latina. Con las limitaciones de la información disponible, este texto evalúa los costos y beneficios asociados con las medidas punitivas, tomando en cuenta los factores humanos y materiales. Lo anterior, a partir de una revisión bibliográfica extensa, no en un análisis directo del costo-beneficio de cada una de las intervenciones. Este estudio considera una gama amplia de variables independientes, incluyendo los cambios en los niveles de homicidio y la victimización, así como los recursos gastados y ahorrados.

Asimismo, hace hincapié en las consecuencias que los enfoques represivos tienen para los jóvenes (de15 a 29 años) y los beneficios de la prevención, destacando la contribución positiva que puede tener esta población en la seguridad de sus barrios, comunidades, ciudades y países.

Este artículo está dividido en tres secciones. En la primera, se define la “mano dura” y se analizan los distintos tipos de intervención que propone este enfoque, señalando sus costos y potenciales beneficios. En la segunda, se examinan los costos y beneficios de la prevención, tomando en cuenta el gasto y la retribución por cada dólar invertido. La tercera sección contiene las conclusiones y los hallazgos claves del estudio.